En días pasados el diario Reforma publicó los resultados de una investigación periodística en la que se constata que los datos personales de los ciudadanos registrados ante el Instituto Federal Electoral, IFE, así como los datos personales de clientes de empresas financieras como American Express y Banamex, están a la venta vía internet por unos cuantos dólares.
La investigación de Reforma nos recuerda que la venta de datos personales es una práctica delincuencial que se realiza cotidianamente en el país con pleno conocimiento de la policía y de las autoridades de investigación y de justicia.
Ya en abril de 2010 el diario El Universal había constatado la venta de datos personales de los ciudadanos registrados ante el IFE, ante las oficinas de licencias, de los registros de vehículos y ante el extinto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, Renaut.
Incluso diez años antes nos enterábamos de la aprehensión del director del concesionado Registro Nacional de Vehículos, Miguel Angel Cavallo, quien en realidad era un ex militar de la dictadura argentina ligado a bandas del crimen organizado.
Con estos antecedentes es difícil argumentar en contra de los elevados niveles de desconfianza que tienen los ciudadanos en sus autoridades policíacas y de impartición de justicia; pero también en las instituciones y empresas responsables de resguardar los datos personales en momentos en que la inseguridad pública es la mayor preocupación de los mexicanos.
Por eso es que no llama la atención que solo el 45% de los ciudadanos confíen en el Instituto Federal de Acceso a la Información, que menos de la mitad, el 44%, crea en las grandes empresas, o que apenas el 42% confíen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en la PGR. Ya ni digamos de los senadores o diputados que solo merecen la confianza del 29% de la población, menos de una tercera parte de los ciudadanos entrevistados por el propio diario Reforma en una encuesta en vivienda dada a conocer en abril pasado.
En México la brutal desconfianza ciudadana en sus instituciones ha roto el discurso de los políticos y de los gobiernos, cuando las familias se ven cotidianamente amenazadas por el secuestro, la extorsión y el robo. En una investigación periodística publicada hace algunos años dábamos cuenta puntual de cómo bandas de delincuentes de origen extranjero operaban fraudes con cuentas bancarias de clientes en complicidad con empleados de los bancos. Los relatos de aquella investigación se obtuvieron de los propios delincuentes en las cárceles de la Ciudad de México.
En un comunicado Banamex dice que los datos de sus clientes no fueron vulnerados y precisa que las autoridades de la Procuraduría General de la República estuvieron al tanto de estas denuncias desde hace dos años. ¿Qué pasó? Según el IFAI aún “se encuentra en etapa de averiguación previa en la PGR”, que en el lenguaje coloquial del país significa que no ha ocurrido nada y que, muy probablemente, no ocurrirá nada con estas redes de delincuentes que operan protegidos por la propia inacción y corrupción de las autoridades responsables.
Mientras tanto la desconfianza ciudadana en sus instituciones cobra sus elevadas cuotas destruyendo el tejido del Estado a través de la indiferencia de electores, consumidores y ciudadanos. Costos muy elevados para la tan pregonada competitividad de la economía mexicana.
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