Varios escándalos de corrupción y desvío de recursos se han desatado por estos días en diversos estados de la república. Involucrados aparecen desde ex gobernadores de distintos partidos hasta funcionarios de alto nivel que operaban recursos federales en esas entidades. La sorpresa en la opinión pública no es tanto por la corrupción, algo a lo que estamos acostumbrados los mexicanos, sino que sorprende que sean los gobernadores en turno los que estén denunciando los desvíos millonarios de sus antecesores.

 

Durante décadas la corrupción estatal, incluso la federal, se cubría bajo la lógica de que “el que llega (a la gubernatura) le cubre las espaldas al que se va”. Y bajo ese esquema, aplicado de manera infalible en la época del viejo partido de Estado, se encubrieron fraudes millonarios y saqueos monumentales a las finanzas públicas del país. Incluso la llegada de la alternancia, que comenzó en los años 90 con el arribo del PAN a varias gubernaturas, no logró romper del todo con la vieja regla priista de no tocar al gobernador saliente, que fue respetada por los panistas.

 

Pero en los últimos meses, tal vez como producto tardío de esa alternancia, o tal vez como reflejo de nuevas actitudes en la política mexicana, han surgido denuncias e investigaciones locales y federales sobre casos de corrupción que involucran a ex gobernadores y a sus colaboradores más cercanos en el manejo irregular de dinero de origen federal que fue enviado a los estados.

 

El caso más avanzado es el del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, que justo hoy está citado a comparecer para rendir declaración en una indagatoria contra su ex secretario de Finanzas, José Manuel Saiz, por el presunto manejo irregular de partidas federales destinadas al sector salud y que no fueron ejercidas para esos fines. A Granier lo investiga tanto la Procuraduría General de la República, por una denuncia de un faltante de 20 mil millones de pesos entregados durante su administración para el abastecimiento de hospitales y medicinas en su estado, como la Procuraduría de Justicia de Tabasco por los extraños manejos de dinero en efectivo que hacía la Secretaría de Finanzas de su gobierno.

 

Fue el actual gobernador Arturo Núñez, del PRD, quien pidió a las autoridades federales abrir una investigación a partir de los indicios que ya tenía el gobierno central sobre los faltantes de medicinas e insumos en la red de hospitales públicos de Tabasco. En las indagatorias también están incluidos los hijos y la familia del ex gobernador, a quienes ya se les han confiscado propiedades dentro de la investigación.

 

Morelos es otro caso donde faltantes e irregularidades en el sector salud y de la educación fueron denunciados por el secretario de Gobierno del estado, Jorge Messeguer. El gobierno del también perredista Graco Ramírez ha interpuesto ya cuatro denuncias en contra de funcionarios de la administración que encabezó el gobernador del PAN, Marco Antonio Adame.

 

Casos similares se están documentando en Guanajuato, contra funcionarios del panista Juan Manuel Oliva, y en Michoacán se denuncian los compromisos ilegales y económicos que firmó, unos meses antes de dejar el cargo, el gobernador perredista, Leonel Godoy. ¿Cuántos de esos casos procederán y a cuántos ex gobernadores o funcionarios de alto nivel se les podría ver en la cárcel o al menos sujetos a juicio? Eso depende de la solidez de las denuncias y las pruebas que presenten, por lo pronto parece que los gobernadores -y eso aplica no sólo para los ex sino para los que aún están en funciones- ya no son más las figuras intocables que hasta ahora habían sido en el país.

 

NOTAS INDISCRETAS…En momentos en que Pemex libra una dura batalla en una Corte de Nueva York contra el corporativo Conproca, la paraestatal recibirá un espaldarazo político del PRI, que pedirá en la Comisión Permanente que el Congreso suscriba un punto de acuerdo para que ninguna empresa pública mexicana contrate los servicios de las compañías Siemens y SFK, acusadas por la petrolera de actos de corrupción y sobornos a funcionarios. Si prospera la propuesta de los priistas sería la segunda vez que el caso Conproca llega al Congreso, porque el pasado 15 de mayo la misma permanente recibió otro punto para que Pemex y la Función Pública informen sobre los actos del ex director jurídico de la paraestatal, César Nava…Paran los dados. Cayó Escalera.