PALERMO. A principios de los años 90 Italia vivía un vacío de poder que se evidenció el 17 de febrero de 1992, cuando el procurador de Milán, Antonio Di Pietro, detuvo a Mario Chiesa, del Partido Socialista Italiano (PSI), en el momento en que recibía un soborno. Así comenzó el proceso llamado Manos Limpias(Mani pulite en italiano) que reveló los nexos corruptos entre los principales partidos políticos, grupos empresariales, firmas industriales y la mafia.
Fue entonces que Cosa Nostra -la mafia siciliana- concibió un plan para desestabilizar la política nacional, sostienen los fiscales de Palermo tras 20 años de pesquisas que confirman cómo la mafia organizó atentados para luego ofrecer paz al Estado italiano y negociar desde una posición de fuerza. El pacto secreto entre el Estado y Cosa Nostra le habría significado a la mafia dos logros: el fin a las penas de prisión más duras para sus miembros, el llamado 41 bis, y mayor influencia política.
Los efectos de ese pacto que escudriñó Manos Limpias, que a su vez generó un nuevo vocablo: la tangentópolis (de tangente-soborno) y sus hallazgos conmocionaron a los italianos. Tres meses después del arresto de Chiesa, el 23 de mayo de 1992, era asesinado el magistrado antimafia Giovanni Falcone en un golpe atribuido a la mafia para evitar la persecución. El 19 de julio, 53 días después de lo ocurrido a Falcone, era abatido el también magistrado Paolo Borsellino.
Tras esos asesinatos, los italianos parecían confirmar lo que Chiesa confesó durante su interrogatorio: que la corrupción en el ámbito político estaba muy generalizada. En tanto, las revelaciones en los tribunales por las pesquisas del nexo entre funcionarios y miembros de la mafia escalaron hasta los partidos políticos.
El caso más significativo de esos tiempos fue en agosto de 1992, cuando Bettino Craxi -líder del PSI- atacó a Di Pietro en el periódico del PSI y el 12 de septiembre se suicidaba Sergio Moroni -también militante del PSI-, y dejaba un escrito en el que se reconocía culpable de corrupción.
Los intentos por disuadir a los fiscales de investigar las redes de la mafia en la estructura política de Italia aumentaron a fines de 1992 y principios de 1993. Aunque los magistrados lograron éxitos como la dimisión de Craxi en febrero del año siguiente, el 5 de marzo de 1993 el gobierno aprobó el Decreto Conso, por Giovanni Conso, el ministro de Justicia que propuso despenalizar el financiamiento ilegal de los partidos políticos con una ley retroactiva que incluía a los acusados de Manos Limpias.
La protesta ciudadana y de medios de comunicación llevó al presidente Giuliano Amato a negarse a firmar un decreto-ley, por primera vez en la historia y el 18 de abril, los italianos votaron a favor del sistema electoral mayoritario; tres días después renunció el gobierno de Amato.
Ahora, los investigadores saben que después de que la tangentópolis descubrió a sus contactos Cosa Nostra buscó nuevos referentes políticos y encontró las garantías esperadas en el senador Dell’Utri y Berlusconi, según el testimonio de tres mafiosos pentiti (arrepentidos).
Ese es el proceso que ayer comenzó en Palermo, luego de que por 20 años “se negó sistemáticamente” como afirma la Fiscalía, la existencia de un pacto entre miembros del Estado italiano y la mafia ayer comenzó en Palermo con 12 imputados. Redacción
El viernes se reanuda el juicio
El juicio contra 10 imputados para esclarecer si el Estado italiano pactó con la mafia siciliana (Cosa Nostra) y detener la oleada de violencia que conmocionó al país en la década de los noventa, llevará a 178 testigos ante el tribunal. Entre ellos, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, y el actual presidente del Senado y ex fiscal nacional antimafia, Piero Grasso.
El juicio también busca respuestas al atentado del 23 de mayo de 1992, en el que perdieron la vida el juez antimafia Giovanni Falcone, su mujer Francesca Morvillo y tres agentes de su escolta, y al que 53 días después acabó con el también magistrado Paolo Borsellino y cinco de sus escoltas.
Según los fiscales de Palermo, todo comenzó cuando algunos jueces confirmaron las penas de cadena perpetua contra mafiosos el 30 de enero de 1992, lo que llevó a Cosa Nostra a vengarse de quienes consideraba responsables y a buscar nuevos apoyos en la política.
Los documentos del juicio que ayer comenzó indican que un primer efecto de esa venganza fue el homicidio, en marzo de 1992, del eurodiputado de la Democracia Cristiana y ex alcalde de Palermo, Salvo Lima, acusado de asociación mafiosa.
En la audiencia del lunes se presentaron como parte civil, la región de Toscana, los ayuntamientos de Florencia y Palermo, así como grupos afectados por el ataque de Cosa Nostra hace 20 años (27 mayo de 1993) en la calle dei Georgofili, cuando murieron cinco personas y se dañó la Galleria degli Uffizi.
También asisten asociaciones antimafia sicilianas como Addiopizzo, Giuristi democratici o Libera y Salvatore, hermano del juez Paolo Borsellino así como familiares de Salvo Lima.
Proceso Espartaco
El antecedente del juicio que comenzó el lunes 27 de mayo es el proceso Espartaco, que debe su nombre al esclavo romano que se levantó contra Roma el año 73 a.C. De igual manera, la justicia italiana se opuso a los poderosos mafiosi que sometieron a la Campania. La investigación comenzó en 1993, llevó a prisión a más de mil personas y el veredicto de junio de 2008 confirmó las 16 sentencias contra el clan de los Casalesi impuestas en 2005.