El ministro, Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demandó la existencia de un Código Procesal Penal Único en todo el país, para así consolidar las reformas constitucionales en torno al respeto de los derechos humanos y las garantías individuales.

 

Durante, el Simposio sobre el Código Penal Único, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Silva Meza subrayó que con la implementacióndel Sistema Procesal Penal Acusatorio, y con la celebración del llamado Pacto por México, entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos, la reforzó la necesidad de lograr una codificación penal única.

 

Recordó que a la fecha, existen 33 códigos penales y procesales que corresponden, uno a la Federación, 31 de las entidades federativas y uno del Distrito Federal, que regulan tanto el derecho sustantivo como procesal penal; y con el inicio de vigencia del Sistema Procesal Penal Acusatorio en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, se suman 12 legislaciones procesales.

 

“La existencia de 78 legislaciones en materia penal en el sistema jurídico mexicano ha permitido advertir las inconsistencias e incluso dispersión en el establecimiento de los tipos penales, de su punición, de su integración normativa, objetiva y subjetiva, la delimitación de los principios, sujetos y figuras procesales, de las modalidades y gravedad de los delitos, y como consecuencia, la generación de criterios jurisprudenciales contradictorios, entre otras advertencias que denotan la falta de homogeneidad legislativa” señaló el togado.

 

Por ello, urgió a hacer realidad la reforma constitucional penal de 18 de junio de 2008, mediante una implementación ordenada, uniforme, sistemática, y congruente, y sobre todo, respetuosa de los Derechos Humanos, lo que en mucho se logrará con la emisión del Código Procesal Único para todo el Estado mexicano, como ley secundaria que redefinirá los contenidos del debido proceso penal y que permitirá dotar de certidumbre y seguridad jurídicas a sus habitantes.