Aun cuando no se encuentra en condiciones para rendir su declaración debido a que se encuentra hospitalizado en el nosocomio de Magdalena de las Salinas, Juan Omar Díaz Olivares, chofer de la pipa siniestrada el martes pasado, recibió una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio en agravio de 24 personas, lesiones en afectación de 39 más y daño en bienes, por los vehículos e inmuebles que fueron alcanzados por el fuego.

 

Ayer, el Juez Sexto de Circuito liberó la orden en contra del operador de 36 años que la mañana del martes conducía un tráiler con doble remolque que transportaba pipas con gas butano, el cual se accidentó en la autopista México-Pachuca.

 

Juan Omar Díaz Olivares se encuentra custodiado por elementos de la Procuraduría estatal y lo trasladarán al Penal de Chiconautla, en Ecatepec, una vez que sea dado de alta.

 

Empresas deben pagar lo que marca la ley “ni más ni menos”

 

Las empresas vinculadas a la pipa de gas deberán pagar lo que por ley corresponde, “ni más ni menos”, por la reparación de los daños causados a los pobladores de Xalostoc, Ecatepec, Estado de México, aseveró Miguel Ángel Contreras Nieto, procurador general del Estado de México.

 

“Ellos están en la disposición de pagar (…) yo por mi parte les dejé muy claro cuál es el papel de la representación social en el Estado de México, les dije que estamos del lado de las víctimas y que nuestro trabajo es verificar que se garantice y se cumpla el pago de esa reparación del daño, en términos de lo que marca la ley, nada más pero tampoco nada menos”, aseguró Contreras Nieto.

 

El procurador mexiquense ha sostenido dos reuniones, una realizada el miércoles pasado y la otra ayer, con representantes de Transportes Migar, Gas Metropolitano, Termogas, en donde hasta el cierre de esta edición no se había determinado un plazo para que se realicen los pagos correspondientes.

 

“Nosotros (PGJEM) realizamos dictámenes sobre las pérdidas materiales para determinar qué pasó y cómo fue. Y todo se está incluyendo en una carpeta de investigación en la cual se incluyen los trabajos que está realizando la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”, aseveró la fuente consultada.

 

Por su parte, autoridades de la PGR confirmaron que el expediente sobre el accidente se inició en la delegación de la dependencia en el estado, en donde se solicitó a la Procuraduría estatal un informe sobre los peritajes que se realizaron durante las 48 horas posteriores al siniestro.

 

Peritos en incendios, fotografía, criminalística, entre otros, iniciaron ayer la inspección del contenedor siniestrado y de las otras unidades, luego de que fueron retirados del sitio del percance.

 

A su vez el Ministerio Público Federal solicitó a la SCT los informes sobre la operación de la empresa involucrada y sobre el vehículo en particular, los cuales supuestamente se encuentran en regla.

 

Fuentes de la PGR subrayaron que la principal línea de investigación apunta a la de un accidente, provocado por la conducción de la unidad.

 

Por otra parte, ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre las medidas de protección civil y en general de la situación del transporte de sustancias peligrosas en el país, a fin de determinar si hubo omisiones de las autoridades encargadas de vigilar el respeto de las normas establecidas que  derivaron en catástrofe ocurrida el martes pasado.