La Cámara de Diputados aprobó incrementar las sanciones económicas por casi 200 mil pesos y hasta 12 años de prisión a quienes atenten contra obras consideradas monumentos artísticos.
Por unanimidad, con 439 votos a favor, los diputados federales aprobaron actualizar las multas económicas por esos delitos, y las establecieron en salarios mínimos vigentes, para lo cual se reforman diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
En el dictamen, que fue remitido al Senado de la República, se planteó modificar el marco jurídico para salvaguardar el patrimonio cultural de México.
Se estableció que el marco jurídico debe sujetarse a actualización, y ser de carácter abarcador y comprensivo, incluyente de las obras y testimonios de todas las épocas de la historia.
Además de las creaciones y los vestigios humanos que revisten un interés científico y contribuyen al conocimiento de la historia de México, señaló.
Los peligros que corren los bienes, patrimonio cultural de México, son muy diversos, “como el robo, el saqueo, el vandalismo y la exportación no autorizada de bienes muebles, ya sea para efectos de tráfico ilícito o bien, para colecciones personales”, detalló.
Entre otras disposiciones, el dictamen prevé prisión de tres a 10 años y multa de 100 a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (de seis mil 476 a 194 mil 280 pesos) a quien realice trabajos de exploración arqueológica sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Ese delito está sancionado actualmente con prisión de uno a 10 años y multa de 100 a 10 mil pesos.
Asimismo, estableció que a quien ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico, histórico o artístico, se le impondrá prisión de tres a 12 años, y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general.
Además, a quien dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico se le impondrá pena carcelaria de cinco a 12 años, multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y el cargo del costo de la reparación del daño causado.
También señaló que a quien pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico sin permiso del INAH, se le impondrá prisión de cinco a 12 años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo.
Cualquier persona que introduzca al territorio nacional bienes culturales considerados como patrimonio cultural por el país de origen, sin permiso de las autoridades competentes, se hará acreedor a tres a 12 años de cárcel y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo, concluyó.