El Congreso de Guerrero aprobó ayer las reformas a la Ley Estatal de Educación, pero excluyó los puntos que había exigido la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
El principal punto que buscaba el magisterio era la instalación de un organismo local que evaluara a los maestros, que en la práctica no tendría capacidad para despedirlos, si salían reprobados. Esto iba en contraflujo con la normativa federal, en la que se determinó que un solo órgano examinaría a todos los profesores del país, a fin de determinar su permanencia o promoción en la carrera magisterial.
La batería de reformas -que fue avalada en lo general y en lo particular- se votó, de manera extraordinaria, en Acapulco, a donde se trasladó el Congreso local -que tiene su sede y tradicionalmente trabaja en Chilpancingo, la capital del estado.
Esta “mudanza temporal” se realizó para evitar una nueva irrupción de los maestros de la CETEG a la sede del Poder Legislativo guerrerense.
La Comisión de Gobierno decidió sesionar en una sede alterna para evitar ataques como el ocurrido el pasado jueves 18 de abril. Ese día, un grupo de maestros tomó las instalaciones del Congreso, en donde en ese momento sólo había un grupo de legisladores priistas. La acción pretendía presionar a los legisladores para avalar la reforma educativa, no obstante, resultó contraproducente para sus intereses, puesto que impidió que se reuniera el quórum necesario para instalar la sesión y, por lo tanto, votar la propuesta.
Hasta anoche las Comisiones Unidas de Educación y Finanzas y Presupuesto no habían logrado consensuar la propuesta de la CETEG para reformar la Ley Estatal de Educación.
La disidencia magisterial aseguró que no realizaría marchas o bloqueos para “no dar pretextos” a los legisladores, y que así pudieran dictaminar su propuesta.
Ayer, sin embargo, el resultado final tampoco favoreció a los disidentes. Reunidos en un centro de convenciones del puerto, los diputados locales discutieron por casi cuatro horas las reformas.
Tres diputados del PRD -partido en el que una de sus fracciones ha apoyado a cabalidad a la CETEG- expresaron sus reservas a tres artículos. No obstante, las observaciones fueron rechazadas por el Pleno.
Bernardo Ortega, coordinador parlamentario del PRD, aseguró que su bancada hizo lo humanamente posible para que se avalaran las exigencias del magisterio. “No se pudo”, puntualizó. Ante esta situación, llamó al CETEG a que termine el paro de labores que desde hace semanas ha mantenido en Guerrero y que afecta a alrededor de 320 escuelas.
El CETEG, en tanto, aseguró que revisará a fondo el texto finalmente avalado por el Legislativo estatal, a fin de dar su posicionamiento.
Sin embargo, arremetió contra los congresistas por haber trasladado momentáneamente su sede a Acapulco. La organización se dijo sorprendida, toda vez, dijo, que había ofrecido garantías para que los legisladores pudieran hacer su trabajo en Chilpancingo.
La vocería del gremio informó que se había reunido de urgencia tras conocer el resolutivo, y que sus distintos cuadros aún analizaban su postura.
Cambia esquema de autodefensas
El gobierno de Guerrero informó que ayer concluyó “la etapa del movimiento de autodefensa en Guerrero, para dar inicio al Sistema de Seguridad Ciudadano”.
Este nuevo esquema lo conduce la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG), “como un modelo coadyuvante para la seguridad pública en regiones con alta presencia indígena”.
El gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero, presidió ayer la firma del convenio de colaboración entre el gobierno estatal y la UPOEG. A partir de la firma de este convenio, efectuado en la residencia oficial Casa Guerrero, Aguirre reiteró que los grupos de autodefensa “habrán de encaminar su participación en un marco legal, y queda establecido que el Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC) no podrá de ninguna manera participar en eventos de orden político ni colocar retenes ni utilizar capucha ni circular embozados”.
El mandatario destacó que a través de una comisión constituida entre la UPOEG y la Secretaría General de Gobierno, los grupos de autodefensa conformados prioritariamente en la Costa Chica y algunos municipios de la Montaña, explorarán la mejor figura jurídica y legal “si es que se conforman como una policía rural dependiente del gobierno estatal” u otras como grupos de defensa rural, previstos incluso por el Ejército mexicano.
Aguirre anunció que la UPOEG seguirá desarrollando gestoría por las comunidades y que en breve el gobierno estatal arrancará con proyectos productivos, el banco de los campesinos, así como obras de beneficio social gestionadas por las propias comunidades en materia de salud, educación e infraestructura básica de servicios.