En comparación con otros países de América Latina, en México los bancos dan poco crédito a las empresas. Según las cifras, en México el crédito bancario al sector privado con relación al tamaño de la economía, es la mitad de la derrama crediticia en Brasil y apenas una cuarta parte de los créditos bancarios que otorgan los bancos asentados en Chile.

 

Ahora bien, no hay duda que el crédito es un factor para el crecimiento de la economía. La evidencia empírica dice que el volumen de crédito que otorgan las instituciones financieras tiene un impacto en el crecimiento de las economías, si bien esto también depende de un sinnúmero de factores, incluso no económicos. Pero ya algunos análisis en México han estimado que un incremento de 10% en el crédito impacta entre 0.3% y 0.5% en la tasa de crecimiento del PIB.

 

Si el crédito bancario es un factor deseable para la inversión, la generación de empleos y, por lo tanto, para el crecimiento económico, la pregunta entonces es ¿por qué el crédito bancario es, comparativamente, tan bajo en México?

 

La respuesta más frecuente que hemos escuchado por muchos años es que los bancos no quieren dar crédito. Y la argumentación es simple y creíble: Es que por años los banqueros en México han estado incentivados a obtener cuantiosas ganancias con los menores riesgos posibles, llámese utilidades derivadas de comisiones por servicios financieros y utilidades hechas a través de la intermediación principalmente en los mercados de renta fija y de productos derivados. ¿Simple y creíble? Totalmente.

 

Pero además, razonable. Déjeme decirle claramente que ningún empresario invierte capital en un negocio para “hacer crecer la economía”, “generar empleos” o para “incrementar la inversión”. Ese es asunto del gobierno en turno y de los legisladores que para eso fueron nombrados por los ciudadanos. En todo caso, allí están los académicos de las universidades y los analistas de los llamados think tanks que financia el sector privado, para lanzar sus críticas sobre las políticas públicas sobre la dirección que sigue el sistema financiero.

 

Durante todos estos años posteriores a la crisis financiera -que estalló en 1995 y que se extendió hasta el 2000- ha sido la pobreza de políticos y gobiernos la responsable de los resultados de un sistema bancario ajeno al sector productivo. A los banqueros -como a cualquier empresario- se les establecen reglas de competencia, de operación e incentivos adecuados. Eso ocurre cuando hay claridad en el gobierno y en el Congreso sobre la arquitectura del sistema financiero que se quiere construir y sobre los objetivos de desarrollo a alcanzar en un plazo determinado. Nada de eso ocurrió en estos años.

 

Ahora el Gobierno ha planteado una reforma financiera que -entendemos- busca plantear esas reglas del juego con los banqueros para acelerar la inclusión financiera e incidir con mayor determinación -vía el crédito- en la sustentabilidad del crecimiento económico, especialmente para los miles de pequeños y medianos empresarios.

 

Esperamos ver en esa reforma financiera objetivos sobre el sistema financiero que se pretende y metas concretas a alcanzar hacia los próximos años. En pocas palabras, un gobierno con un plan maestro y reglas de operación para cambiar la situación actual.

 

Eso esperamos.

 

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