En ocho puntos, el gobierno de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) definieron las directrices para legalizar todas las funciones de la Policía Comunitaria.
Entre los puntos acordados destaca que la CRAC se compromete a mantener sus códigos de comportamiento y disciplina, portando sus uniformes y trabajar en el ámbito de sus propias comunidades. Y cuando realicen alguna comisión fuera de su demarcación, será mediante oficio de comisión.
Otro aspecto es que las Policías Comunitarias no serán sujetas de reglamentación en una iniciativa que en días próximos enviará el Ejecutivo estatal al Congreso, toda vez que su función se encuentran dentro del marco legal. Tampoco tendrá implicaciones la instauración del Mando Único policial.
De igual forma, el Gobierno estatal se compromete a promover acciones para que el nombre de la CRAC se respete, así como el de la Policía Comunitaria, a fin de no crear confusión ante la sociedad.
La CRAC y el Gobierno estatal promoverán el fomento en la cultura de derechos humanos, capacitación en primeros auxilios y protección civil.
Finalmente, el gobernador Ángel Aguirre se comprometió a asistir a la asamblea con las nuevas autoridades de la CRAC, en el municipio de Ayutla de los Libres, el próximo 10 de abril.
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