En el asunto de las deudas estatales y municipales más vale que se tome al toro por los cuernos antes que ocurra algo peor con la situación financiera en algunos estados.

 

La velocidad con la que se endeudaron ciertos gobiernos estatales en los últimos años es razón suficiente para poner atención. Pero no sólo es la velocidad de endeudamiento.

 

Muchos de estos gobiernos locales fueron convencidos a usar los ingresos futuros que reciben de la Federación -las llamadas participaciones de ingresos federales- como garantía -palanca- para el endeudamiento presente. Así que los banqueros, ni cortos ni perezosos, concedieron estos créditos sabiendo de antemano que sería el gobierno federal el pagador de última instancia.

 

Más preocupante aún es que -con el aliento de los banqueros- algunos de estos gobiernos locales dispararon sus deudas muy por encima de los ingresos que obtienen de las participaciones federales. Si bien a diciembre pasado las participaciones representaron 86.1% del total de las obligaciones financieras de los estados y municipios, en algunos casos este porcentaje se multiplicó hasta casi 300% en Coahuila, o por encima de 200% en estados como Quintana Roo y Nuevo León.

 

Es decir, la viabilidad financiera de una buena cantidad de estados y municipios es fuertemente dependiente de los recursos que provienen año con año del presupuesto público federal desnudando -de paso- a unos exiguos ingresos propios.

 

Por eso no extraña que algunos indicadores de viabilidad financiera de las deudas estatales -como el que elabora ARegional- muestren que estados como Coahuila, Michoacán, Veracruz y Sonora ya enfrenten fuertes problemas para cumplir con sus obligaciones financieras, además de que está bajo cuestionamiento la viabilidad de sus finanzas hacia el mediano plazo.

 

Pero hay un elemento más a considerar en esta crisis financiera estatal: Las cifras oficiales que reporta la Secretaría de Hacienda sobre las deudas financieras contraídas con los bancos, el mercado de valores, fideicomisos u otras fuentes de financiamiento, no son las definitivas. Es altamente probable que las obligaciones contingentes que han asumido los gobiernos locales sean mayores a las que reporta Hacienda en sus informes, como ha quedado demostrado ya en los casos recientes de Coahuila, Michoacán o Tabasco. No se tienen estas cifras, pero de confirmarse una a una la realidad de las obligaciones financieras, se agrava aún más la situación financiera de corto y mediano plazo que enfrentan algunas de estas entidades.

 

Por eso y para ser precisos en la hipótesis: El problema financiero que enfrentan algunos gobiernos locales ya no sólo tiene que ver con flujos financieros, sino con su insolvencia para el funcionamiento de su operación. Es el caso de Coahuila, entre -me temo- más de media docena de gobiernos locales.

 

De confirmarse, las alternativas para remediar una situación de insolvencia así, no son muchas como ya lo vivimos en la crisis de 1995. O se aplican medidas para detener el “sangrado” financiero de un golpe, o -como los europeos- se alargan las respuestas con el consiguiente agravamiento del problema.

 

Si queremos llamar a las cosas por su nombre, algunos gobiernos locales están en franca crisis de insolvencia, a los que habrá que rescatar. Eso, por supuesto, no quita el castigo a la negligencia y corrupción que condujo a esta situación.

 

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