El PRI presentó en el Senado un conjunto de iniciativas que buscará detener el crecimiento de la deuda, incentivar a estados y municipios para ajustarse a una disciplina financiera y bajar el costo de las deudas en las entidades.

 

Dicho paquete sujeta el incumplimiento de los servidores públicos al Título Cuarto de la Constitución, el cual contempla juicio político y cárcel para aquellos que hagan mal manejo de los recursos públicos.

 

Con el aval de la Secretaría de Hacienda, los estados y municipios deberán suscribir convenios en los cuales se establecerán las obligaciones y metas específicas relacionadas con los límites de endeudamiento, transparencia y rendición de cuentas para poder acceder a las condiciones de la “deuda estatal garantizada”, un nuevo término propuesto en esta ley, el cual permitirá ofrecer mejores condiciones de contratación de deuda.

 

Dicha propuesta busca facultar al gobierno federal para respaldar el endeudamiento bajo esta nueva modalidad, consistente en suscribir convenios con la Federación para obligarse a alcanzar objetivos de responsabilidad hacendaria.

 

“El esquema de deuda estatal garantizada fortalecerá las finanzas públicas de las entidades y los municipios al permitirles reducir los costos del financiamiento y al fortalecer el manejo de sus finanzas públicas a través de las metas establecidas en los convenios”, dicta la iniciativa.

 

Este paquete contempla la modificación de los artículos 73 y 117, el cambio a la Ley General de Deuda para generar esta figura; la reforma a la Ley General de Coordinación Fiscal en el Artículo 9 y la creación de una ley reglamentaria para acotar las modificaciones constitucionales.

 

Bajo el nuevo esquema se pretende detener el crecimiento de la deuda a través de ciertos requerimientos establecidos en la ley reglamentaria, los cuales contemplan que el total de la deuda de estados y municipios no deberá sobrepasar 3% del PIB nominal y que ningún estado podrá exceder 75% del coeficiente de deuda con ingresos disponibles.

 

Aquellos estados que sobrepasen este porcentaje, como Coahuila, Nuevo León, Nayarit y Chihuahua, entrarán a un esquema de ajuste en el que se contempla que en el primer año se ajuste 25%, en el segundo 50% y en el tercero 75%.

 

Se contempla que las entidades federativas deberán destinar al menos 50% de sus ingresos excedentes en amortización de la deuda pública, y el resto, a inversión.

 

El presidente de la Comisión de Hacienda, Fernando Yunes, presentó la iniciativa.

 

Acuerdan impulsar iniciativa única

 

Las fracciones parlamentarias de PAN, PRI, PRD en el Senado acordaron iniciar las negociaciones para transitar hacia una única reforma que busque atender el problema de endeudamiento en los estados y municipios.

 

El coordinador de la bancada perredista, Miguel Barbosa, afirmó: “Ya hay iniciativas del PAN y hoy se presenta del PRI, eso acredita el interés del Senado sobre el tema de deuda de estados y municipios, hay condiciones para que acá en el Senado se construya una propuesta común”.

 

“Hay condiciones y esto es un ejemplo de cómo el Senado puede tomar temas de interés nacional, de que sea un órgano del Congreso de la Unión donde se construyen estas propuestas, por tanto expreso la voluntad del grupo parlamentario del PRD para entablar de inmediato negociaciones con todos los grupos parlamentarios y poder construir una propuesta común”, afirmó.

 

No obstante, no todos en el PRD quedaron conformes. Armando Ríos Piter expresó su preocupación por la iniciativa en materia de deuda presentada por el PRI: “Preocupa que se perciba en la visión del PRI un olor a pasado una visión de centralismo presidencialista que imperó hace muchos años, que se fue quitando progresivamente y a la que no podemos -con el afán de evitar los excesos en los estados y municipios- regresar. Queremos combatir los virreinatos, pero no volverle a dar las atribuciones a la Secretaría de Hacienda que terminen dándole esa visión de presidencialismo añejo”, afirmó.

 

El perredista aseguró que su grupo parlamentario buscará que cualquier reforma cuente con los “pesos y contrapesos institucionales” del Congreso.