El arbitraje internacional que inició la empresa Telefónica en contra del gobierno de México y por el cual reclama el pago de más de 14 mil millones de pesos “está en vías de arreglarse”, señaló el consejero delegado-CEO de Telefónica México, Juan Abellán.

 

En una reunión con representantes de medios, el directivo enfatizó que el asunto “está en vías de arreglarse, lo están viendo desde España; lo mejor que podría pasar para nosotros como operadores locales es que se arreglara y eso es lo que siempre hemos incentivado; está en vías de arreglarse en el corto plazo”.

 

Puntualizó que existen buenas intenciones tanto por parte de la empresa como del gobierno mexicano de llegar a una solución sin ningún tipo de presión o condiciones.

 

En junio pasado, la empresa promovió el proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

 

Ello, con el fin de que autoridades del mercado mexicano de telecomunicaciones eliminen el “efecto retroactivo”, que le implicaría pagar a Axtel alrededor de 45 millones de dólares, derivado del ajuste en las tarifas de interconexión de 2006 a 2011.

 

En 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió una resolución para la baja gradual de las tarifas de interconexión, mientras que en abril del año pasado la Comisión Federal de Telecomunicaciones fijó un precio de 39 centavos por minuto, equivalente a una baja de 61% respecto a la tarifa de 2010.

 

Derivado de esta reducción, la empresa Axtel reclama a Telefónica el pago por retroactividad a partir del año 2006, lo cual genera inconformidad en la empresa española, que considera que es un beneficio que no se ve reflejado en los bolsillos de los consumidores.

 

El 8 de septiembre de 2011, Telefónica España le notificó al gobierno de México la presentación de un recurso ante el Ciadi, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

 

El acuerdo establece que si una empresa, en este caso española, considera que sus inversiones han sido afectadas, podrá iniciar un proceso de arbitraje que se desahoga en paneles designados por ambas partes. NOTIMEX