La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que existen elementos para sancionar administrativamente al ex procurador general de justicia, Alberto López Rosas y al ex secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, Ramón Almonte Borja, por haber incurrido en violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa.
Esto por el incumplimiento de algunos puntos de la recomendación emitida hace más un año por la muerte de dos estudiantes normalistas y el despachador de una gasolinera en Ayotzinapa, y tras una “investigación exhaustiva”, según informó la CNDH.
El día de hoy, ambos funcionarios fueron llamados a comparecer ante la Comisión Instructora del Congreso local para aportar pruebas y elementos en torno al juicio político iniciado por hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011.
A través de un comunicado, el organismo de Derechos Humanos, asevera que “hasta el momento, aun cuando las autoridades han hecho algunos avances en el cumplimiento de las recomendaciones, ninguna lo ha hecho cabalmente y la Comisión Nacional da seguimiento a la misma”.
La Recomendación 1VG/2012, compuesta de 30 puntos específicos: 13 de ellos dirigidos de manera conjunta a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con cuatro y 11 recomendaciones, respectivamente.
Proponen nuevo proceso sobre Ayotzinapa
En tanto la Comisión llame a comparecer a todo aquel que pueda aportar elementos y tenga información del caso. El diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Salazar Marchán, se pronunció porque se abra una nueva investigación sobre el caso Ayotzinapa y se castigue a los verdaderos responsables.
Para el diputado local, fue apresurada la determinación de la CNDH en emitir la recomendación 1VG/2012 sobre el caso, cuando no se ha agotado todo el proceso de la investigación; además, adelantó que el gobierno federal ha determinado abrir ya un nuevo proceso, en el que se han librado órdenes de aprehensión en contra de 19 elementos federales sobre el caso.
Los elementos enfrentan acusaciones por falsedad de declaraciones, porque negaron haber disparado en contra de los estudiantes normalistas, precisó el funcionario.
Pese a que en una comparecencia en la Cámara de Senadores el pasado 29 de noviembre, el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna aseguró que la recomendación 1VG/2012 fue aceptada y estaba siendo atendida, el comunicado emitido por la CNDH no precisa cuáles de los 17 puntos referidos a la SSP no han sido cumplidos.