El gran obstáculo para el desarrollo de los mercados en México es la muy extendida informalidad en la economía que se traduce en terrenos, viviendas y negocios levantados sin registros formales, en ambulantaje, en contrabando, y en un mercado laboral que, en su mayoría, opera al margen de la legalidad.
De allí que la formalización, que no es más que la incorporación de los sectores informales al sistema legal, enriquecería la calidad del capital y quitaría una poderosa barrera al desarrollo económico. Por eso uno de los principales objetivos estratégicos de la política pública del gobierno de Enrique Peña Nieto debe ser reducir la informalidad para liberar un potencial de crecimiento a partir de lo que el economista Hernando de Soto denomina “el capital muerto”.
Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a escasas semanas de aprobarse reformas a la Ley Federal del Trabajo, dio a conocer datos que retratan de cuerpo entero a una parte de esa realidad de la informalidad en México. Se trata de la informalidad en el mercado laboral.
Los datos son preocupantes y ameritan un reflexión cuidadosa: La mayor parte de la población ocupada del país, 60.1%, tiene un empleo u ocupación informal, es decir, desarrolla una actividad con nulas o escasas garantías y seguridades para llevarla a cabo y, evidentemente, lo ejerce al margen de la seguridad social.
En números redondos son 29.3 millones de mexicanos -de 48.7 millones que están registrados como ocupados- quienes se encuentran en esa condición. Pero ponga atención en este dato: Del total de informales, casi siete millones (23.5%) son jóvenes de 14 a 24 años de edad y representan 72% del total de los jóvenes ocupados en el país; es decir, sólo 28% de los jóvenes ocupados en México tiene un empleo formal.
Otros datos más completan este cuadro del horror: Más de una cuarta parte (26.4%) del personal ocupado en las empresas, gobiernos y diversos organismos del país laboran en condiciones de informalidad, lo que corrobora la percepción de que la informalidad en la contratación de empleados es una práctica muy socorrida no sólo entre las empresas, sino también en los gobiernos federal y locales. Ya no se diga lo que ocurre con las trabajadoras domésticas o con los trabajadores del campo. De las primeras, 97% están ocupadas bajo condiciones de informalidad, y de los segundos, 91%.
En algunos estados del país la informalidad es “la norma” en el empleo. Es el reino de la precarización del empleo casi sin control. Y si no, vea los datos que publica INEGI: Es el caso de Guerrero y Oaxaca con 80.8% de su población ocupada bajo condiciones de informalidad, Chiapas con 76.5%, Tlaxcala (74.6%), Hidalgo (73.7%), Puebla (72.9%) y Michoacán (71%).
Datos como éstos, que ahora nos ofrece oportunamente INEGI, ponen de relieve no sólo el debate sobre la recién reformada Ley Federal del Trabajo, sino también sobre el modelo de seguridad social que se requiere en México, porque el modelo vigente pareciera no ser el mejor si nos atenemos a estos resultados contundentes sobre la enorme informalidad en el empleo.
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