La firma mexicana de telecomunicaciones Ifone presentó una demanda de infracción contra todas las empresas que ofrecen en el país planes y servicios con el teléfono móvil de Apple, iPhone, tras el fallo de la compañía estadunidense ante un tribunal de México sobre el nombre de su marca.

 

En un comunicado, iFone informó que la demanda fue presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) contra Telcel, Iusacell, Telefónica Movistar  y Apple Inc. en virtud de la posible invasión de marca de Apple a través de su teléfono bajo el nombre de “iPhone”.

 

“Confiamos plenamente en el IMPI para que en breve ordene las visitas de inspección y se puedan aplicar las máximas sanciones que correspondan conforme a la ley, teniendo en cuenta la intención y condiciones económicas del infractor así como la gravedad de la infracción y los perjuicios que la misma causa a iFone”, dijo Eduardo Gallástegui, abogado corporativo de iFone.

 

El abogado agregó que iFone estaría en  pleno derecho de reclamar la indemnización de daños y perjuicios causados por la violación de los derechos que la ley le confiere.

 

Apple y la mexicana iFone llevan una querella que se remonta a 2009, cuando la empresa mexicana  demandó a la estadunidense por la comercialización de su marca iPhone porque causaba confusión entre los usuarios al pronunciar ambas palabras de la misma forma, explicó la firma.

 

La compañía mexicana opera desde 2003 con el nombre de iFone, como una fusión de las palabras “internet” y “teléfono” para comercializar sistemas y servicios de comunicación. Apple introdujo el iPhone en el mercado mexicano en 2007.

 

Un tribunal colegiado en materia administrativa dio razón a IFone el pasado 25 de octubre al negar un amparo a Apple, que exigía al IMPI la nulidad del nombre de la firma mexicana porque es similar a su marca.

 

Tras la decisión del tribunal, la estadunidense deberá pagar una compensación a la compañía mexicana por el uso de la marca iPhone, pero el monto aún no ha sido establecido.

 

Según Gallástegui, la ley prevé un piso de 40% del precio de venta de los servicios que se hubieren comercializado en violación a la ley vigente en México.