La detención de alcaldes por sus vínculos con el narcotráfico fue más un show político que acusaciones sólidas. Al menos entre 2009 y 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a 14 presidentes municipales, pero al paso de los meses fueron 13 por falta de pruebas.
Una solicitud de información tramitada por este diario muestra que la PGR detuvo a 12 alcaldes en 2009, 10 de ellos de Michoacán -como parte del proceso conocido como Michoacanazo-.
Los presidentes municipales de Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga, Uruapan, Coahuayana, Aquila, Buenavista, Ciudad Hidalgo, Tumbiscatio, Zitácuaro, fueron acusados de tener nexos con la organización de la Familia Michoacana. Pero las pruebas no resistieron y el juez los liberó a todos.
Para 2010, fueron detenidos dos ediles acusados de vender protección al crimen organizado. Sólo uno de ellos fue sometido a juicio y se encuentra en prisión.
A ex alcaldes les toca
El 9 de octubre de 2011, fue detenido el ex alcalde de Monterrey, Adalberto Madero Quiroga, presuntamente favoreció ilegalmente al casino Royale, en el que murieron 52 personas tras el incendio provocado por integrantes del crimen organizado.
Ingresó al penal de Apodaca, Nuevo León, porque el ex edil de extracción panista está acusado de ser responsable de la autorización de los permisos con los que operaba el centro de juegos y apuestas en la ciudad de Monterrey.
El 5 de junio, militares detuvieron al ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, considerado el más importante político de Baja California y dueño de centros de apuestas en el país. Fue detenido junto con otras 10 personas, debido a que en su residencia se localizaron, presuntamente, 88 armas de fuego, 9 mil 298 cartuchos útiles, 70 cargadores y una granada de gas.
Siete días después, la policía municipal de Dzidzantún, Yucatán, aprehendió a Miguel Ángel Zaldívar Flores, alcalde de 2007 a 2010.
Y para el 17 de octubre del año pasado, la procuraduría de Tamaulipas detuvo al ex alcalde de Tampico, Óscar Pérez Inguanzo, quien fue sometido a juicio por ejercicio indebido de funciones públicas, uso indebido de atribuciones y facultades, y falsificación y uso de documento público.
Seguridad Especial
El alcalde de Tijuana, Baja California, Carlos Bustamante Anchondo, solicitó a la Policía Federal, protección en 2011, porque aparentemente fue amenazado por el Cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán.