Sin detener a nadie e imputando sólo un delito no grave en contra de cuatro funcionarios, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó ayer ante un juez el caso del registro ilegal de las camionetas a nombre de Televisa en la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi).
Lo anterior, pese a que la misma investigación evidenció que desde 2007 se dieron de alta al menos 16 vehículos a nombre de Televisa, con la complicidad del personal de cuatro módulos delegacionales y con las copias de un expediente que solo se encuentra en las oficinas centrales de Setravi.
Ayer, el ilícito que imputó la PGJDF en contra de los cuatro funcionarios, a los que no detuvo, es el de ejercicio ilegal del servicio público, el cual, de acuerdo con el Código Penal del Distrito Federal, alcanza una pena de 1 a 7 años de prisión, monto que le permite a los inculpados de ser el caso pagar una fianza y seguir el proceso en libertad.
De hecho, la Procuraduría capitalina envió el expediente al juzgado en turno de delitos no graves, el cual contará ahora con un plazo de 10 días para girar las órdenes de comparecencia en contra de los involucrados.
El procurador Jesús Rodríguez Almeida sostuvo desde el lunes que la posibilidad de que exista delincuencia organizada es algo que le corresponde determinar a la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, la PGJDF no contempló otros delitos del fuero común que si pudo haber imputado, como la asociación delictuosa o el cohecho, pese a la sospecha de que los funcionarios de Setravi y Televisa se coludieron con sujetos que aun no son identificados y que firmaron los documentos a nombre del gestor de la televisora.
Además, tampoco aprehendió a los cuatro empleados de los módulos de las delegaciones Iztacalco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan, que en su momento declararon como testigos, y a los que ahora acusa del ejercicio ilegal del servicio público. El expediente fue consignado sin detenidos.
El juez de delitos no graves al que le sea asignado el caso tiene un plazo de 10 días hábiles para resolver si lo regresa a la PGJDF con observaciones que haya que corregir o si, por el contrario, otorga las órdenes de comparecencia en contra de los involucrados para que comparezcan y se les fije una fianza.
Posible complicidad
En su denuncia de finales de agosto, por el registro ilegal de camionetas a su nombre, Televisa advirtió la posibilidad de abuso de confianza de empleados de la empresa, ya que se usaron copias de documentos que si pertenecen a la televisora.
Autoridades de la PGJDF confirmaron que para los registros irregulares en los módulos delegacionales, se usaron las copias de un juego de documentos que la televisora presentó en su momento, para dar de alta sus vehículos en las oficinas centrales de la Setravi.
Dichos documentos consistían en las copias del poder notarial concedido al gestor Armando Tavera, de un recibo telefónico de la televisora, una copia de un recibo predial, una copia de la credencial del IFE del gestor, y copia del RFC de la televisora.
Lo que la Procuraduría capitalina investiga ahora es si las copias de esos documentos fueron facilitados por alguien de la televisora, o si por el contrario se filtraron desde la oficina central de la Setravi, lo que implicaría responsabilidades a funcionarios de esa dependencia.
Recibe PGR informe
Autoridades de la PGR confirmaron que se recibió copia de la investigación que realizó la PGJDF sobre el registro ilegal de las camionetas de la televisora, a partir del cual se elaborará un informe que se transmitirá a Nicaragua, donde se encuentran asegurados seis de los vehículos.
En la PGR prevén en su momento, ampliar las declaraciones de los funcionarios capitalinos involucrados en los hechos, para profundizar en su posible vínculo con el grupo de 18 mexicanos detenidos en Nicaragua.
En una entrevista concedida a 24 HORAS en septiembre, la titular de la PGR Marisela Morales señaló que los detenidos podrían estar vinculados con el grupo delictivo de Los Zetas, así como la posibilidad de que funcionarios se hubieran coludido para llevara cabo los registros ilegales.