Aquejada por la pobreza ancestral, Oaxaca vivió en 2006 un movimiento de protesta social, el más importante que se recuerde en los últimos tiempos. Fue un conflicto local que terminó con la intromisión de fuerzas federales a finales del sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, en 2006.
El entonces presidente giró la orden de intervenir Oaxaca. Cuatro mil elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y otros tantos de la Marina y el Ejército entraron al zócalo de la ciudad para desalojar a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) debido a “la incapacidad del gobierno local para garantizar la seguridad pública y la paz social”, fue el argumento oficial.
Eran las 14:00 horas del 29 de 0ctubre. Con tanquetas antimotines y autos blindados los federales replegaron la resistencia popular magisterial que por cuatro meses tuvo sitiadas las calles del centro histórico de La verde antequera, y quienes ante el intento meses antes de repliegue por policías estatales habían respondido con piedras y palos.
El conflicto, que se vislumbraba coyuntural, trascendió las esferas locales hasta convertirse un problema de carácter federal con repercusiones sociales, culturales e internacionales.
El cuestionamiento del uso de la fuerza pública para acallar manifestaciones sociales volvió a la palestra.
Lo que originalmente fue un movimiento magisterial de la sección 22 del SNTE por el aumento de salario y la rezonificación de sus plazas, devino en la conformación de la APPO con más de 300 organizaciones.
Estas demandaban la inmediata destitución del gobernador en funciones, Ulises Ruiz Ortíz, a quien se acusaba entre otras cosas, de malversación de fondos para apoyar la campaña presidencial del priista Roberto Madrazo.
La asamblea constituida el 17 de junio tuvo como marco la contienda electoral presidencial de 2006.
Un día antes del ingreso de las fuerzas federales, la Secretaría de Gobernación, a cargo entonces de Carlos Abascal Carranza dictó un ultimátum instando a los manifestantes a desalojar la ciudad y entregar los bienes privados que tenía en su poder, mismo que fue rechazado.
Las acciones que tomaría la Segob serían consecuencia del enfrentamiento registrado el viernes 27 de octubre entre la APPO y la fuerza pública del estado en la que murieron los integrantes Emilio Alonso Fabián, profesor, y Esteba Ruiz, comunero, además del periodista estadunidense Bradley Roland Will, cerca del municipio de Santa Lucía del Camino.
Era domingo cuando la PFP hizo su intervención. Derribo de barricadas y enfrentamientos previos habían alertado un inusitado despliegue táctico de la fuerza federal. Camiones revestidos de metal y trascabos abrían paso a los autos, llantas, escombros que formaban las primeras defensas.
Después arrojaron agua a presión, disparos de armas de fuego, gases lacrimógenos.
Vecinos y activistas se administraban las labores de repeler con piedras, cohetones y bombas molotov, al mismo tiempo de comunicar los avances de las tropas o dar refugio a los perseguidos.
La ocupación siguió entrada la noche. Cateos en domicilios y arrestos cifraron 50 detenidos, 5 policías heridos y dos muertos se manejaban en los primeros conteos.
Las batallas continuaron en días noviembre en las inmediaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el Canal 9 de Televisión, últimos bastiones de la APPO. En total se contabilizaron 26 miembros muertos en más de 5 meses protestas.
En días posteriores a la represión, estudiantes y miembros de la APPO marcharon para exigir la liberación de más de 60 detenidos. A las distintas megamarchas se sumaron simpatizantes de distintos estados del país. El lunes 6 de noviembre regresarían paulatinamente a impartir clases casi 70 mil docentes.
Actualmente quedan algunos remanentes. Las organizaciones que conformaron la APPO en 2006 siguieron en su mayoría su lucha por separado. Sólo la organización 14 de junio, de comerciantes ambulantes sigue bajo esta causa.
APPO representó la sincronía de todas las asambleas populares de Oaxaca, la rabia indígena, el abandono de los campesinos y la demanda de los maestros entre otras que unidas buscaban justicia. Su entonces líder, Flavio Sosa, ahora diputado del PT, sigue clamando justicia por las víctimas de la incursión oficial.
