Los jueces deben asumir el papel de garantes de los derechos humanos para que se genere un entendimiento común y global de las garantías y libertades fundamentales, contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, señaló lo anterior sólo puede ser alcanzado cuando los Estados armonicen sus constituciones y leyes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y establezcan jurisprudencias acordes, que busquen la mayor protección posible para el individuo.
En un video-mensaje que se transmitió durante la inauguración de la “Cumbre de Cortes Supremas, Constitucionales y regionales”, agregó que “los jueces actúan como defensores de derechos humanos cuando ejercen sus funciones de manera independiente e imparcial, defendiendo los derechos humanos de la las víctimas”.
En el acto, efectuado este jueves en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Navi Pillay aseguró que la Cumbre de Cortes será un importante foro de diálogo transcontinental que fortalecerá el compromiso con una auténtica cooperación jurídica internacional a favor de los derechos humanos.
Asimismo consideró que ese encuentro representa una oportunidad para reflexionar sobre el papel que el Poder Judicial, sobre todo las Cortes Supremas, desempeñan en la protección de los derechos humanos.
Aseveró que los poderes judiciales de los Estados miembros de las Naciones Unidas y, en especial, sus magistrados supremos y constitucionales, encuentran en del sistema universal, un punto de referencia para la definición del contenido y el alcance de los derechos humanos que tienen responsabilidad de proteger.
La representante internacional refirió que un ejemplo de la administración de los derechos humanos desde un Poder Judicial es la reciente decisión de la SCJN, donde se establece que la investigación y enjuiciamiento de las Fuerzas armadas, por violaciones de derechos humanos, son de competencia civil y no militar.
Dicho fallo, opinó, es un ejemplo de la interpretación de la Constitución Política mexicana con base en estándares de derechos humanos, provistos en instrumentos internacionales y regionales, así como por organismos de derechos humanos y cortes competentes.