Los peritajes del registro vehicular de las seis camionetas con logotipos de Televisa, aseguradas en Nicaragua el 20 de agosto, confirman irregularidades en los trámites, por lo que existen probables responsabilidades de servidores públicos e incluso de gente ligada a la propia televisora.
Autoridades de la La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) indicaron a 24 HORAS que la Fiscalía para Servidores Públicos ya recibió los resultados sobre los peritajes de grafoscopía y documentoscopía que se practicaron a los papeles del registro de estos vehículos.
Y aunque las conclusiones oficiales no se han dado a conocer, debido a que aún se recaban algunas declaraciones, las diligencias confirman que las unidades fueron registradas a nombre de la televisora sin su conocimiento, por lo que hay personas que cometieron delitos.
Las responsabilidades recaerían tanto en el personal de los módulos delegaciones de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), que materializó los registros, así como en particulares, entre ellos gente vinculada a Televisa que pudo tener acceso a documentos de la empresa.
Los dos delitos investigados son el ejercicio ilegal del servicio público de los funcionarios que intervinieron en los trámites, así como abuso de confianza de empleados o ex empleados en agravio de la televisora.
Los sospechosos
La PGJDF ha tomado declaraciones ministeriales hasta el momento a cerca de 35 personas entre funcionarios capitalinos, trabajadores y ex trabajadores de Televisa, así como particulares.
Entre las personas que han testificado se encuentra Armando Tavera Sánchez, a quien Televisa le extendió un poder notarial hace varios años, para que realizara el registro de sus unidades.
Tavera, quien ya compareció al menos en tres ocasiones ante la Fiscalía, ha negado que facilitara el poder con el que se registraron las camionetas aseguradas en Nicaragua.
También han declarado funcionarios y ex funcionarios que estuvieron a cargo del registro de las camionetas ante la Setravi. Se trata de María Cristina Basurto Camarillo, operadora de un módulo en Tlalpan; Luis Gustavo Bedolla, operadora de un módulo en Álvaro Obregón; Adriana Sara Cruz Mendoza, responsable del módulo en Venustiano Carranza; y Luis Basurto Orozco, encargado de un módulo de control vehicular en Tlalpan.
El resto de las personas de Setravi, de Televisa, de las delegaciones involucradas, y otros particulares que han declarado, no se ha dado a conocer.
Hace unas semanas surgió también en el caso el nombre del Vicepresidente de Información Nacional de Televisa, Amador Narcia Estrada, por unas supuestas cartas que se les habrían encontrado a los mexicanos detenidos en Nicaragua en los vehículos.
El propio Narcia rechazó en su cuenta de Twitter alguna relación con esos papeles y que las firmas no eran suyas.
La indagatoria
Tras la denuncia de hechos presentada por Televisa a finales de agosto, en la sostuvo que los vehículos asegurados en Centroamérica a 18 mexicanos y en los que estaban ocultos 9.2 millones de dólares, no eran de su propiedad, la PGJDF abrió la indagatoria y la radicó en la Fiscalía para Servidores Públicos.
En el tema pericial se practicaron estudios para verificar la autenticidad de las firmas y los documentos contenidos en los archivos de registro de las camionetas dadas de alta en los módulos de cuatro delegaciones de la Setravi.
Se comprobó que, en efecto, las camionetas están emplacadas y dadas de alta a nombre de Televisa, aunque la empresa sostiene que se hizo sin su consentimiento. Para los registros se utilizaron entre otros documentos un poder notarial de un gestor de la empresa, Armando Tavera Sánchez, quien en sus declaraciones ha negado que diera su consentimiento para ello.
El hecho es que las seis camionetas tipo van fueron registradas en módulos de las delegaciones Álvaro Obregón, Tlalpan, Venustiano Carranza e Iztacalco, entre los años 2009 y 2011. Gracias a estos registros estuvieron circulando en el país y posiblemente en Centroamérica como unidades de la televisora.
En la PGJDF estiman que será a principios de noviembre cuando se den a conocer públicamente las primeras conclusiones de la indagatoria.