La Presidencia de la República entregó una relación con 37 números celulares de funcionarios de Los Pinos en la que destacan los nombres de Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia; Alejandra Sota, vocera; Sofía Frech, coordinadora de Gabinetes y Proyectos Especiales, y José Víctor Valencia Zavala, Oficial Mayor, en acatamiento a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
El 15 de agosto pasado, el pleno del IFAI resolvió a favor de un particular un recurso de revisión interpuesto porque solicitó el listado de las facturas de telefonía fija y celular pagadas por Los Pinos al 26 de enero de 2012. El solicitante pidió se desglosara la información por número telefónico, servidor público al que está asignado, empresa a la que se le paga el servicio, si es fijo o celular y monto pagado.
La Presidencia de la República informó que el servicio de telefonía fija es proporcionado por Avantel y Axtel, mientras que el de telefonía móvil por Radiomovil Dipsa, mejor conocida como Telcel. Los Pinos también dio a conocer el listado de las facturas pagadas en los últimos tres meses y mencionó que los números fijos y extensiones están en el portal de Obligaciones de Transparencia.
En cuanto a los datos del número celular, la presidencia se basó en el Artículo 13, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), argumentando que su difusión pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de esos servidores públicos y que se encuentran en reserva por una año.
Al conocer esta respuesta, el particular presentó un recurso de inconformidad porque el pago de esas facturas se realiza con dinero público; dicha apelación se turnó a la comisionada presidenta del IFA, Jacqueline Peschard. En el proceso de alegatos, la oficina presidencial reiteró su argumento de que la difusión de los datos afectaría la privacidad de los servidores públicos.
En el proyecto de resolución se dio cuenta que revelar el número celular no ponen en riesgo al funcionario, toda vez que éstos no desempeñan actividades directas en materia de seguridad nacional y/o seguridad pública.
Aunado a ello, Peschard señaló que toda aquella información de los funcionarios que se encuentra íntimamente relacionada con el desempeño de su encargo, así como aquella que le permita a las dependencias o entidades presentar una adecuada rendición de cuentas, debe ser pública.
La comisionada advirtió que este tipo de accesorios de trabajo son pagados con cargo al erario y esa información es del conocimiento de todos. Indicó que al darse a conocer estos datos no se pone en riesgo al funcionario toda vez que no permite conocer su domicilio o su ubicación en determinado momento.