En México, las penas para delitos que pueden ocurrir sin violencia como son el comercio, producción, suministro, transporte y tráfico de drogas son mayores al máximo establecido para otros delitos de mayor gravedad como homicidio, violación de menores, la violación entre adultos y el robo con violencia.

 

De acuerdo con un estudio publicado este miércoles por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), la pena máxima establecida para violación entre adultos es once años menor que la pena máxima para los delitos por estupefacientes.

 

Mientras que la pena para el robo con violencia conlleva un máximo de 15 años, 10 años menos que estos delitos de drogas. Lo mismo sucede con la portación de armas exclusivas del Ejército.

 

“No es razonable que estimemos los delitos de drogas a la par de los delitos como la violación. Nuestro sistema punitivo requiere de una sería revisión. Debemos regresar al principio que exige proporción entre un castigo y el delito cometido, entre un delito y otro”, dijo Catalina Pérez Correa, autora del estudio titulado (Des) proporcionalidad y delitos contra la salud en México, profesora del CIDE e investigadora del CEDD.

 

Además de señalar una desproporción entre las penas por delitos contra la salud y las relacionadas con otras faltas, el informe también indica que los acusados por este tipo de infracciones son principalmente consumidores y/o vendedores de bajo perfil, que no son delincuentes que cometen actos violentos u otras conductas delictivas; se trata mas bien de consumidores o personas que poseen pequeñas cantidades de drogas. Muestra de ello es que el 41.9%  de los detenidos en 2011 fueron acusados por venta de drogas al menudeo.

 

“Estos narcomenudistas por lo general son vendedores de esquina y que a la hora de su detención no cometieron otros delitos. No tenían, o no se les pudo probar, vínculos con el crimen organizado”, asegura la autora.

 

Otro dato que revela el estudio es que el grueso de los recursos federales en materia de procuración de justicia están dedicados a investigar, perseguir y condenar delitos menores en materia de drogas, casos en los que los infractores son jóvenes consumidores o vendedores de pequeñas cantidades de cocaína o mariguana. En el 2010, el 74% de las detenciones que reportó la Procuraduría General de la República (PGR), fueron por delitos contra la salud.

 

“Estamos usando los recursos de procuración de justicia para perseguir y sancionar a consumidores y pequeños vendedores de mariguana y cocaína. Esto implica menos recursos para investigar y sancionar los delitos que tienen tan lastimada a la sociedad mexicana”, dijo Pérez Correa.