El dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas, advirtió que los grupos parlamentarios del PRI sí harán cambios a la iniciativa preferente de reforma laboral enviada al Congreso por el presidente Felipe Calderón.
El senador electo señaló que velarán porque no se trastoquen derechos fundamentales como la contratación colectiva, autonomía sindical y derecho de huelga, consagrados en el Artículo 123 Constitucional.
Además, dijo que se propondrán ordenamientos con clara perspectiva de género y de protección cabal a los trabajadores agrícolas y menores de edad.
Sostuvo que la reforma laboral responderá a los lineamientos del proyecto de nación del presidente electo Enrique Peña Nieto, entre cuyos objetivos están orientar al país hacia un nuevo rumbo económico fincado en la justicia social que implica el concepto de empleo decente y bien remunerado.
Enfatizó que el nuevo ordenamiento jurídico que regulará las relaciones obrero-patronales se apegará a los convenios internacionales firmados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo.
En materia salarial anticipó que la propuesta es establecer una norma general que sirva de marco para las negociaciones bilaterales en las que se deberá incluir pago de prestaciones y productividad.
El líder croquista apuntó que para la protección de la mujer trabajadora se trabajará en nuevos ordenamientos que garanticen la equidad de género y erradiquen tratos discriminatorios en pago de sueldos, horarios y prestaciones económicas.
Por igual se reglamentará el trabajo de los jornaleros agrícolas que son sometidos a jornadas exhaustivas sin el pago de salarios justos y sin ningún tipo de protección social. “Terminaremos con estas injusticias con un nuevo marco jurídico moderno y de respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores”, puntualizó.
Otra propuesta que se analizará será la reglamentación de la subcontratación laboral o tercerización para evitar que empresas eludan sus obligaciones en materia de seguridad social, fiscal y laboral en perjuicio de los trabajadores y la economía nacional, sostuvo.
Isaías González Cuevas recordó que se estima que alrededor de 25 por ciento de las empresas recurren a esta forma de contratación para evadir impuestos y omitir pago de prestaciones económicas y sociales.