El Movimiento Progresista responsabilizó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de las consecuencias políticas y sociales que pueda tener la calificación de la elección presidencial dado el “descontento” que existe el país.

 

Dirigentes de PRD, PT y MC se reunieron con los magistrados María del Carmen Alanís, Pedro Esteban Penagos y Manuel González Oropeza para plantear las preocupaciones de la izquierda en torno a un posible estallido social en caso de que se valide a Enrique Peña Nieto como presidente de la República.

 

“Les planteamos que no podían aislarse tampoco del entorno socio-político y económico que existe en nuestro país, donde se han agotado todos los esquemas de desarrollo. Por lo tanto, la resolución del Tribunal Electoral en los próximos días será determinante para el curso que seguirá la vida pública en nuestro país, con tanto descontento, con tanta situación complicada que se ha ido acumulando”, afirmó Jesús Zambrano, presidente del PRD.

 

El dirigente afirmó que hasta el momento la izquierda desconoce la información que el IFE ha entregado al Tribunal Electoral y, por lo tanto, analizará los argumentos de los magistrados a la hora de emitir su fallo para luego fijar una postura, tras verificar que las pruebas presentadas fueron tomadas en cuenta por la autoridad electoral a la hora de calificar los comicios.

 

“No sabemos qué tanta información les haya proveído la Unidad Fiscalización del IFE al Tribunal Electoral o lo que haya proporcionado a su vez la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para nosotros es fundamental que se tomen en cuenta si se cumplieron cabalmente o no los principios constitucionales contenidos en Artículo 41 de nuestra Carta Magna, elemento fundamental para determinar si las elecciones fueron libres y auténticas”, agregó.

 

En este sentido, Miguel Castro, representante del MC, externó la preocupación de que la elección pueda ser validada en los próximos días aun cuando el IFE comprobara las acusaciones de lavado de dinero en contra del PRI, una vez concluidas las indagatorias oficiales, situación que podría generar clima de inestabilidad política.

 

“Les preguntamos a los magistrados, qué pasaría si resuelven sin que hayan concluido las investigaciones del Instituto Federal Electoral, qué seguiría si tiempo después aparecen elementos que acreditan la violación al Código Electoral, pues estaríamos en que los millones de votos que se sufragaron a favor de nuestro candidato y de la candidata, que son mayoría, no se cuidaron y no se protegieron”, cuestionó.

 

Por su parte, Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, consideró que en caso de que el Tribunal Electoral decida validar la elección, se comprobaría la tesis de México como un “Estado fallido”, no solamente en términos de seguridad sino también en el ámbito político-electoral.