La Unidad de Fiscalización del IFE preparó informes sobre el presunto uso de recursos ilegales durante las campañas presidenciales, los cuales serán debatidos en la sesión de este jueves del Consejo General.
Sin embargo, los documentos que se discutirán en la sede del Instituto Federal Electoral (IFE), sólo señalan que las indagatorias están abiertas y continúan, y se detallan las líneas de investigación que se siguen.
Los informes se dan en respuesta a la exigencia de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano por conocer los avances de las pesquisas respecto a las quejas recíprocas sobre financiamiento ilegal.
La Unidad de Fiscalización del órgano electoral ratificó sin embargo que el resultado de las investigaciones sobre el presunto financiamiento ilegal de las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto se conocerá hasta el año próximo.
No obstante, los avances parciales de las investigaciones serán remitidos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación (TEPJF).
Respecto a la queja presentada de manera conjunta por el PRD y el PAN contra el PRI por el uso indebido de recursos para comprar y coaccionar el voto, a través de las tarjetas “Monex recompensa”, la Unidad de Fiscalización precisa que hasta el momento ha realizado 341 diligencias.
Refiere que entre las líneas de investigación figura la identificación de la fuente contractual de las tarjetas y Monex, así como de las personas físicas y morales involucradas, el monto distribuido, los distribuidores y tenedores, establecimiento del uso y la vinculación con el proceso electoral.
Sobre el avance de las investigaciones respecto de la queja del PRI contra Andrés Manuel López Obrador por el supuesto financiamiento paralelo a su campaña presidencial, la citada Unidad suma 78 diligencias en los expedientes de este asunto.
Puntualiza que se investiga a diferentes asociaciones civiles como “Morena”, “Sin Maíz no hay País”, “Honestidad Valiente”, “Proyecto Alternativo de Nación” y “No nos vamos a dejar”, que en conjunto supuestamente rebasaron el tope de gastos de campaña.
En este caso se pretende determinar la naturaleza jurídica y fiscal de las asociaciones civiles, el origen de los ingresos depositados, el destino de los gastos, así como los precios y las condiciones de los servicios que han prestado a diferentes entidades del gobierno.