El PRI denunció una presunta red de “financiamiento oculto”, presumiblemente utilizado por el candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, desde 2006 y que serviría para mantener su conflicto postelectoral.

 

Expuso que de 2006 a la fecha esa red ha beneficiado a las asociaciones civiles Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, constituidas por el ex oficial mayor del gobierno capitalino cuando López Obrador estuvo al frente de éste, Octavio Romero, y su ex director de Recursos Materiales, Gabriel García.

 

El vocero del PRI nacional, Eduardo Sánchez, indicó que López Obrador creó Honestidad Valiente el 14 de septiembre del 2006 y Austeridad Republicana el 14 de febrero del 2007, las cuales han operado con financiamientos ocultos para evadir los mecanismos de control de recursos de los partidos políticos.

 

Con ello, el PRI presume un fraude por la evasión fiscal del origen y destino de los recursos, y violación de topes de campaña al ocultarse gastos que debían reportarse al IFE, triangulándolos a través de las asociaciones civiles citadas.

 

Además sospecha de financiamiento ilícito por el desvío de fondos hacia la campaña de López Obrador proveniente de instancias gubernamentales encabezadas por militantes del Movimiento Progresista.

 

Aunado a ello, sostuvo que se vislumbran otras irregularidades como posible defraudación fiscal y al Instituto Mexicano del Seguro Social, además de la triangulación en la entrega de recursos a través de contratos que la Secretaría de Finanzas del gobierno local otorgó a Austeridad Republicana entre 2007 y 2010.

 

Agregó que a través de “donaciones” de Austeridad Republicana, de legisladores federales y locales del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, así como depósitos en efectivo por montos indeterminados de simpatizantes, se transfirieron recursos a Honestidad Valiente de 2006 a la fecha.

 

Con ello, subrayó, presuntamente se pagaron sueldos a López Obrador y su “gabinete legítimo”, a la estructura nacional de activistas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), viajes, giras y viáticos de López Obrador y su equipo, así como para el servicio de escoltas y secretariales del político tabasqueño.

 

En declaraciones al término de una reunión con el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, apuntó que en el encuentro solicitaron celeridad en las investigación de esta denuncia y todas las que ha presentado el tricolor y otras fuerzas políticas contra López Obrador.

 

Acompañado también por Jesús Murillo Karam, representante jurídico de Enrique Peña Nieto; Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el IFE; Raúl Cervantes Andrade, secretario jurídico del CEN del PRI; y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la campaña del mexiquense, Coldwell aclaró que el PRI no pretende obtener ningún privilegio en la atención de sus denuncias.

 

Agregó que sólo quieren que se atiendan a la misma celeridad y profundidad que se dé con otras quejas y se remitan las resoluciones que correspondan conforme a la ley.

 

El priista advirtió que la presunta “red de financiamiento oculto” “ha venido funcionando desde hace varios años, quizá desde 2006, que financió toda la campaña anticipada o los actos preelectorales del candidato de las izquierdas, (y) se uso para financiar en la campaña”.

 

Asimismo “presumimos que se seguirá usando para el financiamiento de actividades postelectorales, principalmente para alimentar un conflicto”.

 

Subrayó que “todas estas quejas van respecto a que la coalición Movimiento Progresista recibió dinero y abrió cuentas bancarias que no declaró al IFE, recibió dinero de gobiernos locales, así como de personas físicas que rebasan el tope de campaña que la ley señala y también recibió dinero ilegal de personas no identificadas”.

 

Asimismo recordó que las primeras quejas en torno al supuesto dinero ilegal utilizado en campañas fueron presentadas contra la coalición conformada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, como fue la que junto con el PAN interpusieron por recaudación de aportaciones particulares que exceden los topes establecidos para financiar la campaña del político tabasqueño.

 

Asimismo otra queja por obtención de recursos no declarados que esa coalición habría recibido de asociaciones civiles y movimientos sociales para financiar la imagen de López Obrador.

 

También la denuncia referente a cuentas bancarias no declaradas que hizo la presidenta del comité de financiamiento del candidato de las izquierdas y que fueron utilizadas para gastos de campaña.