La ex candidata del PRI al Senado por el DF, Araceli García Rico, presentará una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del DF contra el diputado electo del PRD Rubén Escamilla, por la comisión de “actos violatorios de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras”.

 

Durante la campaña, García Rico denunció que Escamilla, jefe delegacional con licencia en Tláhuac y en ese momento candidato a diputado local por el PRD, había solicitado favores sexuales a una trabajadora de la delegación, sobrina del ex delegado Francisco Martínez Rojo, a cambio de darle una plaza de trabajo.

 

El episodio fue grabado en video y ante el escándalo el presidente del PRD, Jesús Zambrano, dijo que la candidatura de Escamilla era insostenible, sin embargo, el político ya recibió su constancia de diputado electo.

 

En torno al tema, Manuel Oropeza, líder del PRD en el Distrito Federal, aseguró que el diputado electo debe solicitar licencia al asumir el cargo para no afectar la imagen de la izquierda.

 

Sin embargo, aseguró que está en manos de la dirección nacional del PRD definir las acciones que se tomarán contra él porque en el DF no se tienen facultades sancionadoras y desde finales de junio se les turnó el caso.

 

Para defender su candidatura, Escamilla presentó ante la Procuraduría General de Justicia del DF una denuncia por el delito de extorsión contra ex perredistas de Tláhuac como Francisco Martínez Rojo, Fátima Mena y Edy Ortiz.

 

En la elección, Escamilla ganó el distrito 35 local al obtener 50% de las preferencias electorales.

 

Oropeza señaló que Escamilla debe pedir licencia y dar paso a Miguel Ángel Morquecho Choc, quien fue inscrito como su suplente en la Asamblea Legislativa.

 

El líder del PRD en la capital comentó que este asunto es uno de los temas que se discutirán en la siguiente sesión del secretariado del partido en el DF para hacer un planteamiento formal a la dirección nacional.

 

Aunque aclaró que en el DF están acotados porque sólo el partido a nivel nacional tiene facultades para sancionar a los militantes perredistas cuando cometen una violación a los estatutos.

 

Añadió que este asunto debe quedar definido antes del 14 de septiembre que es cuando entrará en funciones la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa.