De confirmar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los resultados electorales que dio a conocer el IFE y, por lo tanto, la victoria de Enrique Peña Nieto, el nuevo gobierno priista se enfrentará a su primer gran desafío económico con las finanzas públicas del país.
Me explico: Ha quedado ampliamente demostrada la fragilidad de los ingresos fiscales y su sustentabilidad en el mediano plazo, cuestión agravada por una coyuntura externa volátil y con una fuerte tendencia al estancamiento de las economías.
Con este marco de ingresos fiscales será prácticamente imposible que el nuevo gobierno impulse cualquier cambio sustancial al régimen fiscal y de inversión energética o, menos aún, que intente financiar un nuevo modelo de protección social como lo planteó Peña Nieto durante la campaña electoral.
El nuevo gobierno requerirá de una gran cantidad de recursos fiscales adicionales para impulsar estos y otros proyectos de reformas estructurales y de inversiones sectoriales a los que se comprometió y que, hoy por hoy, no están contemplados en los borradores del Presupuesto de Egresos para 2013 que elabora la Secretaría de Hacienda.
Claro que en todo esto hay que decir que los ingresos tributarios tienen graves deficiencias a corregir que, por ejemplo, se traduce en que México se encuentra en el último lugar de las economías de la OCDE en ingresos tributarios respecto del PIB y en el continente sólo supera a Haití.
Por ello es casi inevitable que el nuevo gobierno proponga incrementos al IVA junto con la cancelación de las reducciones anuales a las tasas de ISR aprobadas en la legislatura pasada. Pero de esos temas nos ocuparemos después.
La otra vertiente para obtener recursos, aunque con fuertes restricciones económicas y políticas, es la del gasto público. Ayer el Consejo Coordinador Empresarial, vía el boletín semanal del CEESP, sugirió una “reingeniería del gasto” para “revisar todos aquellos programas con alto grado de regresividad y la cancelación de otros que no tienen rentabilidad social probada”.
Es evidente que hay muchos recursos fiscales “por recuperar” en el presupuesto público que se dilapidan en ineficiencias, incompetencias o simple corrupción. Un estudio elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias menciona, entre otros aspectos, “la tendencia creciente en algunos rubros del gasto corriente que podrían provocar una crisis fiscal”.
Pero podríamos agregar otros más como los recursos fiscales que se destinan a proyectos sin una adecuada planeación y presupuestación, o los millonarios recursos que van a subsidios generalizados como a los energéticos; o las transferencias de recursos federales a los estados -como el FAEB- cuya opacidad en su manejo -entre gobernadores y gremio sindical- ha sido públicamente denunciada.
Sin embargo, como el propio CEESP lo apunta: “El trabajo será difícil para el equipo de transición”. Y seguramente que no lo será por las sumas y restas pendientes para llevar a cabo la “reingeniería del gasto”, sino porque hacerlo implicará, inevitablemente, afectar poderosos intereses de sindicatos y gremios empresariales aliados, de grupos de interés al interior del PRI, y de partidos políticos que requiere para transitar el Congreso.
Por eso la “reingeniería del gasto” aún es una quimera.
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