Los empleados de Promeca, subsidiaria en México de Orthofix International, pagaron entre 2003 y 2010 sobornos a autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para obtener y retener contratos en los hospitales del gobierno. Los “chocolates”, como llamaban a los pagos, venían en forma de efectivo, viajes todo pagado, computadoras portátiles, televisiones, muebles y en un caso, la renta de un Volkswagen Jetta.

 

La Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), reveló ayer que Orthofix, con sede en Texas, acordó pagarle 5.2 millones de dólares para terminar con el proceso en su contra.

 

La empresa, al igual que el IMSS, no respondieron a las peticiones de información de 24 HORAS.

 

“Una vez que los sobornos se han ligado a una caja de chocolates, sabes que una cultura de corrupción ha permeado tu negocio”, dijo Kara Novaco Brockmeyer, jefe de la División de Ejecución de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de la SEC. “La laxa vigilancia de Orthofix permitió que su subsidiaria gastara ilícitamente más de 300 mil dólares para endulzar sus tratos con autoridades mexicanas”.

 

Este asunto, dice la SEC, involucra violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). La empresa de dispositivos ortopédicos, agrega, repetidamente pagó sobornos a oficiales mexicanos. Gastó aproximadamente 317 mil dólares para obtener y mantener jugosos contratos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

 

Esos pagos, explica la SEC, los realizaron empleados de Promeca en México y se registraron como avances en efectivo para entrenamiento de ejecutivos, gastos de promoción y otros.

 

Este sistema le generó aproximadamente 8.7 millones de dólares en ingresos netos a Orthofix y ganancias netas de unos 4.9 millones de dólares.

 

La empresa con oficinas centrales en Lewisville, Texas, se especializa en productos ortopédicos para varios mercados, que abarcan desde problemas de columna hasta medicina deportiva.

 

Entre 2003 y 2010, Promeca vendió sus productos a hospitales de gobierno y privados en todo México. aproximadamente 60% de sus ingresos provenían el IMSS.

 

Por lo menos en ese lapso pagaron sobornos a empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

 

Los montos de los sobornos, que se llamaban internamente “chocolates”, iban de 5% al 10% de las ventas del hospital en cuestión. Los ejecutivos de Promeca falsificaban recibos de gastos imaginarios: nuevas llantas para el auto, comidas o avances en efectivo.

 

Conforme iba creciendo el sistema, era más difícil para los ejecutivos de la firma inventar gastos, que pasaran como legales. Comenzaron a declarar pagos por promociones o entrenamientos.

 

En 2008, recuerda la SEC, el IMSS comenzó a comprar productos bajo un nuevo sistema, donde un comité especial de la institución, en lugar de los hospitales por sí mismos, seleccionaban a la propuesta ganadora, que surtiría a escala nacional sus necesidades.

 

Para asegurar que les comprarían, Promeca le pagó a tres compañías, que eran controladas por empleados del IMSS.

 

Ganó licitaciones nacionales entre 2008 y 2009 y le pagó a las empresas 5% y 3%, respectivamente, de las ventas realizadas.

 

Promeca anotó los sobornos como gastos promocionales que nunca recibieron, cursos de entrenamiento, reuniones y congresos.

 

Adicionalmente, entre 2003 y 2010, Promeca gastó unos 80 mil dólares en regalos y viajes todo pagado, para empleados del IMSS. Incluían televisiones, laptops, muebles y la renta de un Jetta.

 

Dow Jones recuerda que el escándalo se suma al anuncio hecho en abril por Wal-Mart de México y Centroamérica de que estaba investigando acusaciones de que destinó más de 24 millones de dólares al soborno de funcionarios en México para agilizar la apertura de tiendas en el país. Actualmente la empresa encara el escrutinio del gobierno tanto en Estados Unidos como en México.

 

Por si fuera poco, agrega, el mes pasado Orthofix acordó pagar 34.2 millones de dólares para resolver acusaciones bajo la Ley de Falsedad de Declaraciones relacionadas con la venta de la empresa de dispositivos que estimulan el crecimiento de los huesos.

 

La SEC le propuso a la empresa pagar 5.2 millones de dólares como castigo por violar las leyes anticorrupción en el extranjero que aplica la autoridad bursátil en Estados Unidos. Además de pagar esa suma, Orthofix anunció que le entregó 2.22 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus acciones ilegales. El FBI también participó en la investigación.