A pesar de que 78% de la población mexicana reside en ciudades no existe una política pública nacional de desarrollo urbano y movilidad sustentable. El actual marco legal e institucional en materia metropolitana y de transporte urbano y suburbano, hace imposible que las autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil puedan coordinarse de manera efectiva.
Así, se ve afectado el objetivo de implementar mecanismos sustentables para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, así como para la movilidad y accesibilidad de su población, señala Mariana Orozco en su artículo “Sin políticas (públicas) no hay ciudad amable”.
En su opinión existen soluciones para satisfacer las necesidades urbanas, bajo un nuevo modelo integral de Planeación Urbana+Movilidad, pero falta una estrategia de política transversal en la que concurran instituciones como el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), las secretarías federales y los gobiernos locales.
En la actualidad, señala, los viajes en automóviles particulares, sólo representan 18% de los viajes en las ciudades, en promedio, pero causan el congestionamiento y contaminación local que muchas de ellas viven hoy en día; aunado a lo anterior, las urbes provocan una costosa e innecesaria depredación de recursos naturales, gracias a urbanizaciones dispersas, que por su baja densidad amplían la periferia de la ciudades, destruyendo los cinturones de naturaleza de los que dependen cosas como el abastecimiento de agua.
En general, la movilidad urbana es un tema prioritario para las ciudades, las cuales destinan casi 23% de los recursos provenientes del total de los fondos federales, a inversiones de infraestructura para el sector de transporte urbano.
Sin embargo, las inversiones para la movilidad y accesibilidad de la población son sumamente inequitativas, ya que 76.2% del total de dichos recursos es destinado a inversiones que promueven el uso del automóvil particular.
En contraparte se destina menos de 20% del total de los recursos específicos para la movilidad urbana a inversiones para el transporte público, el mejoramiento del espacio público, la infraestructura ciclista y la seguridad peatonal. Las inversiones en infraestructura ciclista y para mejorar la seguridad peatonal –ambas determinadas como “movilidad no motorizada”- representan solamente 3.1% de los recursos (Reporte del Fondo Metropolitano, ITDP, 2012).
En su artículo publicado en el sitio www.transeunte.org, Mariana Orozco calificó como un “modelo absurdo” al Fondo de Desastres Naturales, que atiende los efectos de eventos imprevisibles, sin que exista un esquema de ciudad que brinde mayores niveles de resiliencia -capacidad de recuperación económica, social y natural ante el cambio climático- para sus habitantes.
El gobierno federal, dice, debe tomar una responsabilidad por fortalecer y brindar lineamientos técnicos de calidad, redireccionar la tendencia de inversión de los recursos federales e incentivar a los estados y municipios a impulsar proyectos de urbanismo sustentable, bajo mecanismos que aumenten la capacidad de sinergia con la sociedad civil, la academia y la inversión privada.
La reglamentación pendiente de la recién promulgada Ley de Cambio Climático, el trabajo realizado para contar con una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, la iniciativa de Ley General de Transporte Urbano y Suburbano y el cambio de administración federal, brindan un escenario favorable para que se realicen las reformas al marco jurídico e institucional que México necesita.
www.transeunte.org
23% de los recursos federales que reciben las ciudades lo gastan en transporte urbano
76.2% de los fondos promueve el uso de automóviles particulares
20% se destina a transporte público, mejoramiento del espacio público, infraestructura ciclista y seguridad peatonal