FOTOS: IVAN CASTANEIRA
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, estableció que cualquier atentado contra la vida o la integridad de los defensores de los derechos humanos o los periodistas constituye “un acto de violencia contra la democracia y las libertades de todos los ciudadanos”.
El funcionario dejó claro que los defensores de los derechos humanos y los profesionales de la libertad de expresión “son la columna vertebral de una democracia funcional”, por lo que el Gobierno de la República está plenamente comprometido con su protección.
Poiré Romero participó en el acto en el que se firmó del Decreto de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y la Federalización de los Delitos Cometidos contra Periodistas, que encabezó el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En su mensaje el titular de Gobernación enfatizó que con esos instrumentos jurídicos el Estado refrenda su voluntad y compromiso de proteger a quienes se dedican a esas actividades, para que lo hagan en condiciones de más seguridad, libertad y certidumbre.
Destacó que, como toda transformación, la reforma constitucional y la promulgación de ese ordenamiento son producto del esfuerzo compartido de varias dependencias de gobierno, del Poder Legislativo y de organizaciones de la sociedad civil.
Con la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, subrayó, se da una prueba más de la responsabilidad y la capacidad institucional del Estado para promover los cambios que requiere el país.
Alejandro Poiré puntualizó que esa legislación obliga a una cooperación estrecha de las autoridades de las entidades federativas con el gobierno federal para poner en marcha las acciones que garanticen la vida, la seguridad y la integridad de los comunicadores y defensores de derechos humanos durante sus labores.
“Es decir, esto es una responsabilidad compartida por mandato de ley y por responsabilidad común”, explicó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Abundó que con ello se establecen medidas no sólo reactivas, sino también preventivas, mediante la promoción de la autoprotección individual y colectiva, así como el acompañamiento de observadores de derechos humanos y de periodistas.