José Aquino, presidente de Frontera Television Network (FNT), quien presento una denuncia judicial por fraude ante una Corte en California contra empresarios y colaboradores del primer círculo del candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto, reveló que añadió a su querella que el segundo contrato que firmó fue bajo intimidación y amenazas, incluso con armas.

 

En entrevista con Carmen Aristegui para MVS Noticias, el empresario mexico-estadounidense aclaró que la denuncia que interpuso en una Corte de California no es contra el PRI ni contra Enrique Peña Nieto, sino contra Alejandro Carrillo Garza Sada, GM Global, Roberto Calleja, José Carrillo, Manuel Gascón, la empresa Giramos, entre otros.

 

“Quienes me acusan de extorsión deben tener más cuidado con sus declaraciones, puesto que no he dejado de lado la posibilidad de presentar una demanda por extorsión “afirmó.

 

En su contraréplica en el mismo espacio, el jurista Raúl Cervantes recomendó a Aquino presentar una denuncia por eses amenazas en México, ya que es un delito firmar un contrato bajo intimidación.

 

PRI CONFIRMA UNA SOLA REUNIÓN DE CALLEJA CON AQUINO Y CARRILLO

 

En entrevista en el mismo espacio, el jurista defensor del PRI, Raúl Cervantes confirmó que Roberto Calleja sí se reunió en una ocasión con Carrillo Garza Sada y José Aquino cuando le presentaron el proyecto a lo que dijo que no, puesto que era algo ilegal según las leyes electorales de México.

 

“Todo parece indicar que Alejandro Carrillo Garza Sada quería defraudar tanto a unos como a otros.”

 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en voz de su abogado informó en el mismo espacio que hizo extensiva su denuncia contra Alejandro Carillo Garza Sada, tras la demanda interpuesta en California por José Aquino, presidente de Frontera Television Network (FNT).

 

El jurista comentó que en principio, el objeto del contrato es un objeto ilícito, pues no se puede hacer publicidad del candidato a la presidencia en el extranjero ni contratar servicios de dicha índole, según los lineamientos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

 

“Emprender esas acciones atraería sanciones muy fuertes por parte del IFE en contra del partido y del candidato, por lo que sabiendo eso, es inverosímil que se arriesgue tanto”, aseguró.