Tomemos un respiro de la fiebre del debate, y de paso veremos si los candidatos, en un momento de claridad, abordan el tema del lamentable estado en que se encuentra el aparato de procuración de justicia que existe en México.
Un país no puede avanzar ni en la democracia, ni en la economía, ni en el desarrollo social, si sus habitantes y visitantes no cuentan con seguridad jurídica en todos los ámbitos y, en México, estamos muy lejos de tenerla. Un contrasentido que lo demuestra: las estadísticas de las propias autoridades nos dicen que quedan impunes más allá del 90% de los delitos, y al mismo tiempo enfrentamos un serio problema de sobrepoblación carcelaria.
No se entiende. ¿Quiénes están presos, si casi ningún delito se castiga? Mientras, los políticos debaten presupuestos para nuevas cárceles y discuten si conviene privatizarlas.
Este es sólo uno de tantos casos en los que se viola la Constitución sistemáticamente. El derecho a un proceso justo y expedito está garantizado en cualquier sociedad civilizada. Pero uno de los motivos por los que conviven el hacinamiento carcelario y la impunidad imperante, es precisamente la violación constante a estos derechos básicos. Seguimos impartiendo justicia como en los tiempos de Pancho Villa: “Primero jusilamos, y después viriguamos”.
Ahora es “primero encarcelamos, y después investigamos”. Los familiares de Zen Li Ye Gon, el chino-mexicano que tenía más de 200 millones de dólares en efectivo en su casa de Las Lomas, fueron liberados después de que un juez determinó que no había elementos para comprobar su culpabilidad en los cargos que les hizo la PGR, pero antes pasaron 5 años en la cárcel, mientras se ventilaba el asunto en tribunales, y eso no es justicia expedita.
Todos los abogados de prestigio consultados por este reportero, coinciden en que la muy de moda figura del arraigo es flagrantemente inconstitucional, y existe por la evidente incapacidad del ministerio público para hacer su trabajo. La PGR (o cualquier otra autoridad) detecta la comisión de un delito. En vez de primero investigar, reunir pruebas y armar un caso que se pueda sostener en tribunales, y entonces solicitar a un juez la orden de aprehensión, prefieren solicitar el arraigo, detener así al inculpado en el limbo constitucional, para entonces sí, ya con la debida parsimonia, ponerse a investigar, a ver si reúnen las pruebas para iniciar proceso. La Constitución, de nuevo pisoteada.
Las cárceles están llenas de internos bajo largos, larguísimos procesos, constantemente viciados por la incapacidad jurídica de todos los actores: jueces, ministerios públicos y defensores, como lo demostró el documental Presunto culpable. La presunción de inocencia en México es un sueño que nunca se vuelve realidad, de nuevo violando por costumbre la Constitución. La impunidad no abarca sólo a los delincuentes, sino a las autoridades también.
Cuando la propia Cámara de Diputados desacata la Constitución, violando por más de un año la fecha límite constitucional para el nombramiento de Consejeros del IFE, por defender sus intereses de partido, algo anda mal. Juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, y sus palabras se las llevó el viento.
Un estado de Derecho es inalcanzable si no se respeta la Constitución, que a todas luces, ya no sirve.
@jorgeberry
Y así.