De las 13 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el año pasado, cuatro de ellas, es decir, el 31%, correspondieron a casos de tortura en los que están inculpados policías.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que ese organismo ha documentado una importante cantidad de situaciones “en las que lo que vemos es que hay prácticas todavía que tenemos que erradicar; prácticas relacionadas con el abuso de poder, con violaciones a la integridad de las personas y con tortura”.
Para el ombudsman capitalino, existen tanto elementos de la Policía Preventiva de la ciudad, como los de la Policía de Investigación –que es considerada la corporación de élite en la ciudad- y los custodios del sistema penitenciario, que llegan a incurrir en actos de tortura.
Ante servidores públicos de esas tres dependencias, explicó que hablar de que la sociedad tiene derecho a la seguridad tiene un efecto perverso porque se divide a la población en dos: en las potenciales víctimas de delitos y en los potenciales delincuentes.
Cuestionó el que en nombre del derecho a la seguridad se construyen mecanismos que suelen traducirse en que para garantizarlo es posible pasar por encima de los derechos de otras personas.
“El delincuente se vuelve un enemigo de la sociedad. La policía está para defender a la sociedad de esos enemigos, para garantizarle su derecho a la seguridad y entonces actúa violando los derechos de alguien que atenta contra la sociedad”, sostuvo.
En su opinión, esta situación no le ayuda a nadie, y al contrario, construye una idea descontextualizada de que el delito es un comportamiento malo y que está ajeno a toda corresponsabilidad de respeto a los derechos.
“Por eso es que no podemos oponer derechos y seguridad. Si se hace esa oposición inmediatamente se ponen en riesgo los derechos de alguien, si no hacemos esa oposición, estamos en condiciones de respetar los derechos de todas y todos”, indicó.
Fuerza “administrada”
El responsable de la CDHDF dijo que los cuerpos policiacos pueden hacer uso de la fuerza pública, pero es necesaria administrarla, de manera tal que a la hora de intervenir y defender los derechos de quien ha sido agredido, sea precisamente el respeto delos derechos de quien es el presunto agresor la forma de administración de la violencia que se va a ejercer.
Por lo tanto, agregó, “tanto se violan los derechos de una persona cuando se abusa de la fuerza, como cuando ésta no se utiliza”.
Apenas hace dos semanas, la CDHDF emitió una recomendación en la cual demanda una investigación en contra de policías de la SSPDF y de la Procuraduría de Justicia capitalina, por haber infringido tortura a siete involucrados en el caso del operativo en Tepito, que se llevó a cabo el 19 de noviembre del año pasado.