La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene sujetos a investigación por lo menos a cinco empresarios en el expediente abierto contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
Fernando Cano Martínez, Napoleón Rodríguez de la Garza, Farough Fatemi Corcuera, Eduardo Rodríguez Berlanga y un quinto empresario del que la PGR no ha precisado nombre, son quienes presuntamente actuaron como prestanombres del priista.
Luego de que en Estados Unidos se interpusieron demandas de corte civil la semana pasada que involucran al ex gobernador de Yarrington Ruvalcaba en supuestas operaciones de lavado de dinero, la dependencia federal intensificó la integración del expediente abierto en contra del político priista.
Autoridades de la dependencia que encabeza Marisela Morales Ibáñez informaron a 24 HORAS que se han comenzado a desahogar diversas diligencias que estaban pendientes, y que incluyen la revisión de algunas propiedades, la recolección de evidencia documental y el análisis de informes contables.
La indagatoria, en la que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en delincuencia organizada (SIEDO) trabaja coordinadamente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, comprende además la verificación de al menos cinco personas más cercanas a Yarrington, y que podrían haber servido como prestanombres o facilitadores en las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tan sólo en la última semana se llevaron a cabo diligencias ministeriales en al menos una decena de oficinas e inmuebles relacionadas con estos empresarios y con el propio Yarrington.
“Es un trabajo que se está realizando en estrecha coordinación e intercambio de información con los Estados Unidos, y que incluye la integración de una red de vínculos que permitió la adquisición de propiedades principalmente en Texas, y con recursos provenientes de actividades ilegales”, puntualizó una fuente de la PGR.
La indagatoria, que podría derivar en un proceso penal en contra de Yarrington en Estados Unidos y en México, ya trajo consecuencias para uno de sus allegados, el empresario Fernando Cano Martínez, propietario de las compañías Materiales y Construcciones Villa de Aguayo y Gifer, sobre quien pesa una orden de arresto expedida por una corte texana.
Según el expediente civil del caso, Cano facilitó la adquisición de dos propiedades en Isla del Padre y en San Antonio, Texas, valuadas en siete millones de dólares, y que podrían ser incautadas en breve.
Otro involucrado es el empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza, quien figura como propietario del mismo condominio de Isla del Padre que Estados Unidos pretende confiscar.
Autoridades de la PGR confirmaron que Rodríguez fue presentado este fin de semana en las instalaciones de la SIEDO para declarar en torno a este caso, sin que de momento se configure aun una acusación en su contra.
Además se realizó una inspección ministerial en el domicilio de esta persona y en las instalaciones de su negocio denominado “Ferretería Industrial Rodríguez”, ambos ubicados en Matamoros, Tamaulipas.
En la última semana, la Procuraduría, en coordinación con otras autoridades federales y locales inspeccionó al menos una decena de propiedades ubicadas en Matamoros y Ciudad Victoria, todas ellas relacionadas con los potenciales prestanombres, y en los cuales se aseguró diversa documentación y evidencia contable que ya se encuentra bajo análisis.
Las diligencias también alcanzaron un domicilio del propio Yarrington ubicado en el fraccionamiento de lujo Río de Matamoros, en donde se asienta la propiedad de aproximadamente 2.5 hectáreas. La revisión se prolongó durante casi todo el sábado, y en la misma se decomisaron diversos documentos.
El ex gobernador no habita desde hace varios meses dicha propiedad, pues de acuerdo con la dependencia federal reside actualmente en Houston, Texas, donde existe contra él una restricción de tránsito y traslado.
Las pesquisas que lleva a cabo la PGR son con relación a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en la que se señala a Yarrington y a los también ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, de haber recibido dádivas económicas del Cártel del Golfo, a cambio de protección oficial a sus operaciones ilícitas.
Las investigaciones, que podrían incluir la ejecución de nuevas órdenes de cateo y declaraciones de personas vinculadas, continuarán esta semana.