WASHINGTON. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, violó en 2011 derechos económicos y de propiedad a través de la Ley Habilitante, que le concede poderes especiales para aprobar leyes, indicó el Gobierno de Estados Unidos en su informe sobre derechos humanos.

 

 

Bajo esta legislación, aprobada en diciembre de 2010, y que permite al mandatario aprobar leyes sin consultar a la Asamblea General (Parlamento) durante 18 meses, “el presidente Chávez decretó 26 leyes, entre ellas una serie de disposiciones que limitan los derechos fundamentales económicos y de propiedad”, indicó el informe, relativo a 2011.

 

El Departamento de Estado denuncia esa práctica en el contexto de una “aceleración de la concentración del poder” en el Ejecutivo venezolano, al que responsabiliza además de “criminalizar la disidencia y poner trabas a la libertad de expresión”.

 

“El Gobierno hostigó e intimidó a estaciones de televisión de propiedad privada y a otros medios de comunicación y periodistas durante todo el año, utilizando amenazas, multas, confiscaciones de propiedad, regulaciones específicas e investigaciones y procesos penales”, indica el texto.

 

Los ataques mediáticos supuestamente emprendidos por el Gobierno estuvieron además “impregnados de antisemitismo”, defiende el Departamento de Estado, que atribuye además a Caracas “asesinatos ilegales, incluidas ejecuciones sumarias de sospechosos criminales, torturas y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes”.

 

El Ejecutivo de Chávez “no respetó la independencia judicial ni permitió a los jueces actuar de acuerdo con la ley sin miedo de represalias”, añade el informe.

 

Además, denuncia que el Gobierno “manipuló el poder judicial para perseguir a líderes políticos, sindicales, empresariales y de la sociedad civil que criticaron las acciones o políticas oficiales”.

 

En las cárceles, “el fracaso (del Gobierno) a la hora de proporcionar derechos de debido proceso, de seguridad física y condiciones humanas para los presos contribuyeron a la extensión de la violencia, las heridas y las muertes en todo el país”, precisa el informe.

 

Washington también ve en Venezuela una “corrupción e impunidad en las fuerzas policiales, ineficiencia y corrupción en los tribunales y en todos los niveles del Gobierno, amenazas a organizaciones no gubernamentales nacionales y tráfico de personas”, además de la restricción al derecho de asociación de los trabajadores.