“Falso y ridículo, lo que me imputan”. Esas fueron las únicas palabras que pronunció el general de División retirado, Tomás Ángeles Dauahare, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) intentó tomarle una declaración ministerial por sus supuestos vínculos con la organización delictiva de los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Autoridades de la dependencia federal señalaron a 24 HORAS que tras expresar el referido comentario ante la presencia de un abogado de oficio, el también ex subsecretrario de la Defensa Nacional se reservó su derecho a dar un testimonio más amplio.
Ayer, tanto Ángeles como el general brigadier, Roberto Dawe González, fueron arraigados por 40 días a petición del Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), por las supuestas conductas delictivas asentadas en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010.
Dicha investigación, es resultado de los señalamientos hechos por presuntos narcotraficantes, ex militares e incluso testigos protegidos, que afirman que los mandos castrenses recibían dádivas económicas a cambio de dar protección a líderes de la referida organización delictiva.
Alejandro Ortega Sánchez, defensor particular de Ángeles Dauahare, confirmó en entrevista que su cliente negó los señalamientos que se le imputan, los cuales calificó como una mentira y ridículos, y dijo que éste no dará ninguna declaración más extensa hasta que no se le permita a él, su abogado, asesorarlo personalmente.
“De hecho no se con qué engaños lograron que el general les dijera algo con un abogado de oficio, yo soy su defensor particular y así ya está acreditado en un escrito que entregamos desde el miércoles. Por supuesto que aquí hay atropellos procesales que deben ser verificados”, puntualizó.
Subrayó que durante todo el tiempo que su cliente estuvo en la SIEDO no se le permitió tener contacto con él ni revisar a profundidad la averiguación previa con la cual se le relaciona, y de lo poco que pudo enterarse, fue por lo que le dijo el general a su esposa, en un encuentro que no duró más de 15 minutos.
Al igual que los representantes legales del general Ángeles, los abogados del general Dawe González, interpusieron una demanda de amparo ante un juez federal, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), argumentando que no se le permitió tener acceso a sus defensores.
En entrevista, el abogado José Ordoñez González, defensor de Dawe, dijo que ellos tampoco pudieron revisar la averiguación previa en la que se vincula a su cliente, y añadió que la PGR impuso de forma unilateral a un abogado de oficio para llevar a cabo las diligencias previas a que se obsequiara la orden de arraigo.
“Nos quejamos también con la gente de derechos humanos de la PGR y no hicieron nada; lo que observamos nosotros es que hay línea para que los generales no tengan defensa y para que se siga montando este caso. Aquí la SIEDO ha hecho lo que ha querido y la defensa no ha podido hacer su labor” puntualizó.
Por su parte, la esposa del general Dawe, Guadalupe García, acusó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de no haberles prestado tampoco ningún apoyo y de “dejarlos solos” en todos estos acontecimientos, pese a que su esposo ha dedicado su vida al ejército manteniendo un expediente limpio.
Recicla PGR testigos
El testigo protegido considerado en la averiguación en contra de Dauahare y Dawe, identificado con el alias de Jennifer, es en realidad Roberto López Nájera, un ex colaborador del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, y el cual ya ha sido utilizado con anterioridad por la PGR.
De acuerdo con fuentes de la dependencia federal, el testimonio de este sujeto fue contemplado en al menos tres averiguaciones más, algunas de ellas en el marco de la Operación Limpieza que derivó en la caída de varios funcionarios de la propia PGR.
Pero tal vez el caso más significativo fue el del Mayor Arturo González Rodríguez, donde el testimonio de Jennifer, asentado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, fue el pilar en el cual la PGR sustentó que el militar entregó planes de vuelo de presidencia y otra información clasificada a los Beltrán Leyva, a cambio de fuertes sumas de dinero.