La Comisión Permanente aprobó por unanimidad un punto de acuerdo donde pide a la Procuraduría General de la República que investigue el origen de los recursos en efectivo y bienes inmuebles asegurados al ex funcionario de Coahuila, Javier Villarreal, familiares y socios, para determinar el posible daño patrimonial, así como la responsabilidad de otros involucrados.
El punto de acuerdo, presentado por la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaba en primera instancia que esa indagatoria incluyera al ex gobernador Humberto Moreira. Pero durante la discusión entre legisladores panistas, perredistas, petistas y priistas se acordó modificar este punto de acuerdo, para que se excluyera el nombre del ex mandatario estatal.
El panista Rubén Camarillo presentó el punto de acuerdo para que se investigue al ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) durante la gestión del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, luego de que se revelara que en Estados Unidos se le investiga y que en Texas se le han decomisado más de seis millones de dólares (alrededor de 75 millones de pesos) de cuentas bancarias y pretende incautarle todos los bienes que tiene en esa localidad.
“Además, las investigaciones han descubierto que Villarreal, su esposa y otras personas conspiraron como grupo para cometer delitos federales y estatales de delito de dinero”, declaró Camarillo Ortega.
Durante el debate, el PRI propuso cambios al punto de acuerdo original planteado por Camarillo, al plantear que así como se pide investigar este caso, valdría la pena demandar que se investiguen otros como el del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien se acusa de faltas administrativas en la aplicación del presupuesto o el del ex alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal.
El diputado priista Felipe Solís estableció que si se parte del axioma de que nadie puede sustraerse de la aplicación de la ley, “nadie puede venir a esta tribuna ni a ningún lugar a hacer un señalamiento ni a darle trato de acusado a quien está única y exclusivamente como señalado en un expediente”.
Sostuvo que no hay pronunciamiento de ninguna autoridad de carácter jurisdiccional en el caso “y por lo tanto no admitimos que ni a las personas señaladas ni a ninguna otra, milite en el partido político que sea, se le dé el trato de acusado cuando estamos en presencia tan sólo de una averiguación previa abierta ante las instancias ministeriales que correspondan, si fuera el caso”, dijo Solís.