La Procuraduría General de la República (PGR) recabará en las próximas semanas la declaración ministerial de un ex vicepresidente de la gigante de ingeniería civil canadiense SNC-Lavalin, en el marco de la investigación abierta por el presunto complot internacional para introducir a México a un hijo del extinto dictador libio Muammar Gadafi.
Se trata del tunecino-canadiense Riadh Ben Aïssa, detenido el lunes pasado por la policía suiza en Berna, luego de ser acusado de delitos de corrupción, estafa y lavado de dinero, relacionados con varios negocios que realizó en África durante su gestión en la referida empresa.
Autoridades de la dependencia que encabeza Marisela Morales señalaron que el testimonio del ex vicepresidente ejecutivo de Lavalin será relevante para conocer los alcances que tuvo el plan para introducir a Saadi Gadafi y a su familia al país. Versiones indican que fue el quien otorgó el soporte económico para la operación.
24 HORAS dio a conocer el pasado 21 de febrero que la firma canadiense había despedido a Ben Aïssa y a otro alto directivo, Stéphane Roy, luego de que ambos fueron el foco de atención pública por su presunto vínculo en diversos hechos ilegales, entre ellos el del plan para traer a Saadi Gadafi a México.
“SNC-Lavalin reitera que todos los empleados deben apegarse y cumplir con nuestro Código de Ética y Código de Negocios”, informó en ese momento la firma canadiense, considerada una de las mas importantes del mundo en su ramo, con más de 25 mil empleados y presencia en 40 países.
La información que ha trascendido hasta el momento, aunque aún no ha sido certificada por las autoridades, es que Ben Aïssa pudo ser el principal facilitador económico del plan para sacar del territorio libio a la familia Gadafi.
Por este caso, la PGR anunció en noviembre del año pasado la detención en la Ciudad de México de la canadiense Cynthia Ann Vanier, y tres presuntos cómplices: el sueco Pierre Christian Flensborg, y los mexicanos José Luis Kennedy Prieto y Gabriela Dávila Huerta. Todos ya se encuentran procesados.
Sin embargo, las líneas de investigación ministerial siguen abiertas, pues se cuenta con información de que habría más involucrados de distintas nacionalidades en esta estrategia, los cuales habrían tenido distintos niveles de participación en el supuesto complot.
En este contexto se involucró a los dos altos directivos de SNC-Lavalin, situación que se ha convertido en un caso de mayores proporciones públicas en Canadá, debido a la importancia que tiene la firma constructora y a su posible involucramiento con actividades de dudosa legalidad.
En su declaración ministerial, Cynthia Ann Vanier declaró que Ben Aïssa y Stéphane Roy la contrataron en el 2011 para que viajara a Libia en su calidad de consultora y realizara una evaluación sobre las condiciones que imperaban en el país, dado que la firma tiene distintos negocios en ese territorio.
Sin embargo, la PGR dijo que esos viajes en realidad eran para preparar la salida de Saadi Gadafi de Libia a través de vuelos privados, e introducirlo en el país con documentación falsa. El australiano Gary Peters, un ex guardaespaldas de la familia libia radicado en Canadá, confirmó dicha versión aunque dijo que la operación de “extracción” era legal.
El 11 de noviembre, Stéphane Roy, uno de los vicepresidentes operativos de SNC-Lavalin, se encontraba con Dávila Huerta y el sueco Christian Flensborg en el momento en que fue detenida por elementos de la AFI. Supuestamente, el directivo se encontraba en México para entablar reuniones de trabajo con funcionarios del Gobierno Federal.
En diciembre se revelaron cartas enviadas por Roy a Vanier en agosto, en las que le agradecía el trabajo realizado en Libia y el interés de que siguiera colaborando con ellos para futuras diligencias.
Oficialmente, la constructora canadiense ha negado que se haya contratado a Vanier y dejó entrever que sus vicepresidentes Ben Aïssa y Stéphane Roy actuaron por cuenta propia, sin autorización del consejo, lo que motivó su despido.
Escandaloso directivo
Los problemas para Riadh Ben Aïssa empezaron desde antes de que estallara el conflicto en Libia, pues ya existían sospechas en su contra por manejos sospechosos en los países africanos, continente donde la firma canadiense tiene fuertes inversiones y una fuerza laboral de más de diez mil empleados.
En concreto se le acusó de lavado de dinero, corrupción y soborno, a través de contratos sospechosos que fácilmente superan los 56 millones de dólares. Este fue el motivo de su detención en Suiza acontecida el pasado lunes.
Tras la rebelión en Libia se incrementaron los cuestionamientos a SNC-Lavalin por su relación con el régimen de Gadafi y en especial por la cercanía de Ben Aïssa (cuya oficina central se encontraba en Túnez) con el hijo del dictador. Trascendió que el directivo patrocinó los viajes de Gary Peters, el ex guardaespaldas de Gadafi, a Libia.
En realidad, los vínculos de la firma canadiense con Saadi vienen de varios años atrás y una de las muestras mas significativas tuvo lugar en el 2008, cuando la compañía cubrió los gastos de hospedaje y transporte del hijo del dictador libio durante un viaje a Canadá por motivos de negocios, e incluso le ofrecieron una habitación con rosas y champagne en una reserva para la caza de alces.
Fuentes en Canadá informaron a este diario, que la relación se enmarcaba en una lógica de negocios, pues antes de la rebelión, Lavalín había obtenido contratos en Libia para modernizar el aeropuerto de Tripoli, para construir el proyecto Man-Made River (el mayor proyecto de irrigación en el mundo), y para edificar una nueva cárcel.