LONDRES. La ministra británica de Interior, Theresa May, defendió el plan del Gobierno para que la policía y los servicios secretos tengan acceso a información sobre correos electrónicos, llamadas y mensajes de teléfonos celulares de los ciudadanos.

 

El Gobierno espera presentar el plan ante el Parlamento en las próximas semanas, si bien ha sido condenado por las organizaciones que defienden los derechos civiles de la población.

 

En un breve artículo publicado en el diario The Sun, May justifica el proyecto a fin de combatir las actividades de grupos terroristas, pederastas y criminales, pero aseguró que las fuerzas del orden no vigilarán los correos del ciudadano de a pie.

 

“Internet es parte de nuestra vida diaria, pero las nuevas tecnologías también pueden ser utilizadas con abuso por criminales, pederastas y terroristas que quieren ocultar sus pistas y mantener sus comunicaciones en secreto”, señaló la titular de Interior.

 

“Actualmente, la policía y los servicios secretos usan información de los teléfonos para resolver delitos y protegernos. Ver con quién habla un sospechoso puede llevar a la policía a otros delincuentes. Se pueden descubrir redes pederastas, conspiraciones de criminales y complots terroristas”, agregó.

 

En su opinión, el Gobierno “no puede permitirse” desaprovechar estos instrumentos tecnológicos.

 

Según el plan, se pedirá a las empresas de internet que faciliten al centro de escuchas de Cheltenham (oeste de Inglaterra, conocido por sus siglas GCHQ y cuyas actividades son secretas) el acceso a las comunicaciones de la población en cuanto lo soliciten.

 

Aunque no tendrá acceso al contenido de los correos o los mensajes intercambiados sin una orden judicial, el GCHQ sí podrá identificar a las personas que se comunican, así como la frecuencia y el tiempo que dura la comunicación, según la idea.

 

El grupo defensor de las libertades civiles Liberty ha criticado el plan por considerarlo demasiado ambicioso y ha recordado que el anterior Gobierno laborista intentó aplicarlo pero contó con la oposición de los partidos que están ahora en el poder.

 

En 2006, el Gobierno laborista buscó introducir una legislación similar pero se topó con la fuerte oposición de los conservadores y los liberaldemócratas, quienes forman la actual coalición.

 

Mientras tanto David Davis, ex Primer Ministro de Interior señaló su desacuerdo a tales medidas de vigilancia.

 

“La nueva ley no se enfoca en los terroristas o en los criminales. Más bien permitirá a los funcionarios monitorear a cada persona inocente y común en Gran Bretaña, y sin garantía alguna. Esto se convertiría en una innecesaria extensión del poder del Estado”.