El Diario Oficial de la Federación publicó este miércoles el convenio por el que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno del Distrito Federal acuerdan la creación y funcionamiento de los Centros de Operación Estratégica (COE).

 

Mediante el convenio se pretende dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y líneas de acción previstos en el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, así como a los acuerdos sobre delincuencia organizada, tomados en la 22 Reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

 

Asimismo con base en el acuerdo A/003/10 de la Procuraduría General de la República y por el que se da por concluida la operación de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) e inicia la operación de los COE.

 

Agrega que se buscarán establecer los mecanismos de coordinación y las acciones necesarias entre la PGR y el gobierno capitalino, para la instalación de los COE en las delegaciones políticas que lo requieran, acorde con las necesidades que determinen éstas.

 

Dichos centros contarán con agentes del Ministerio Público, peritos y policías que dependan de ambas dependencias, entre los cuales se generarán relaciones de colaboración, no así de subordinación.

 

Para la instalación de los COE, la PGR y el gobierno local designarán los enlaces para el cumplimiento de los compromisos adquiridos e integrarán un grupo de trabajo, a fin de que en un término que no exceda de 90 días, contados a partir de la firma del convenio, se elaboren los Protocolos de Organización y Funcionamiento.

 

En dichos protocolos se establecerán esquemas de colaboración y participación de las actividades de los COE con las policías de Investigación, la Federal Ministerial y la Federal, así como con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

 

También tendrá relación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a fin de que, en el ámbito de su competencia, coadyuven en la atención integral de los delitos.

 

El convenio, que entrará en vigor al día siguiente de su suscripción y tendrá una vigencia indefinida, establece que la operación y funcionamiento de los COE no genera relaciones laborales, administrativas o civiles de los servidores públicos que participen, más allá de la relación contractual que tengan con la institución de la cual dependan.