Después de décadas de hacer negocios en mercados protegidos como los que les ofreció México, los empresarios y multimillonarios Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean ya no tienen argumentos válidos para no transitar hacia mercados abiertos y con reglas pro competitivas, como con las que operan en los mercados extranjeros en donde invierten.
Muchos menos argumentos y pretextos válidos tienen el gobierno y los legisladores en turno.
Por eso el rezago en la apertura y en la determinación de reglas no discriminatorias para los mercados de telefonía fija, telefonía móvil, internet, radio y televisión es responsabilidad directa de una clase política empequeñecida frente a los retos de gobernar y legislar para ofrecer competitividad a la economía del futuro. No hay otro responsable.
Los dilemas que en las últimas semanas han ocupado las portadas de los diarios y la discusión pública sobre estos temas son muy elementales en su solución, básicamente requieren soluciones a la luz del interés público o privado.
¿Por qué Iusacell y Televisa no pueden asociarse para ofrecer telefonía inalámbrica de manera conjunta si Iusacell, del empresario Ricardo Salinas Pliego, solo posee el 4% del mercado de telefonía celular en el país y la participación de Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, en el mercado de la telefonía fija a través de sus empresas cableras es aún reducida?
¿Por qué Telcel, del empresario Carlos Slim, no puede ofrecer alternativas de televisión en su paquete de servicios ‘combo’ una vez alcanzados acuerdos de reglas de interconexión en el mercado de la telefonía?
¿Por qué MVS, del empresario Joaquín Vargas, no puede ofrecer en la televisión satelital bajo la marca Dish, los canales de la televisión abierta que el Estado ha concesionado? ¿Por qué no es posible que las televisoras ofrezcan en términos no discriminatorios sus contenidos a empresas como Dish?
¿Por qué no se abre, de una vez por todas, la licitación de nuevas frecuencias de televisión abierta para que otros empresarios del país, y fuera de él, interesados en este mercado y bajo su propio riesgo, compitan con propuestas de plataformas de transmisión y de contenidos en el mercado de la televisión abierta regional y nacional?
¿Por qué no se va a fondo con la competencia de mercados en México abriendo completamente la inversión a los capitales y tecnologías extranjeras en telefonía fija, internet, radio y televisión después de décadas en que las empresas mexicanas adquirieron madurez y capacidades para competir?
¿Por qué no se alienta y regula la participación del segmento de productores independientes de contenidos para que accedan a las grandes plataformas de las cadenas de televisión abierta en el país?
Seguramente me dirá que muchos de éstos ‘porqués’ tienen su respuesta en los intereses particulares que se imponen a los intereses públicos en voz y voto de los legisladores y de las propias autoridades, especialmente en esta coyuntura electoral. También lo creo así.
Pero esta respuesta no podrá sostenerse en el tiempo. Las ‘pérdidas públicas’ acumuladas son abultadas y las presiones internas y externas las harán estallar.
Por eso hay que preguntar tozudamente una vez más: ¿por qué no aprovechar la oportunidad ahora?
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