La Ley de Asociaciones Público-Privadas garantiza certidumbre jurídica a los inversionistas interesados en construir infraestructura de carreteras, hospitales, cárceles o escuelas; sin embargo no asegura la existencia de profesionistas que ofrezcan los servicios de atención especializada a la gente dentro de estas instancias.
Es decir, “los servicios públicos como la salud y la educación, seguirán en manos del Estado”. Un privado podrá levantar infraestructura hospitalaria, inclusive subcontratar servicios como el de limpieza, administrativos, proveedores de instrumentos quirúrgicos; pero la disponibilidad de médicos son responsabilidad del sector salud, explicó Vladimir Ramírez, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda.
De este modo, la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas implica un reto paralelo para las dependencias que es asegurarse de contar con el personal adecuado a fin de ofrecer los servicios a la población. Ello implica que antes de licitar cualquier proyecto bajo este esquema, “cada secretaría deberá hacer un análisis de costo beneficio, el cual debe considerar personal capacitado”.
Esta acotación del funcionario cobra relevancia al considera que en México hay dos médicos por cada mil habitantes, cuando el promedio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de tres médicos por cada mil habitantes. El organismo internacional también reportó que otro problema en México es la mala distribución de estos profesionistas ya que la mayoría se concentra en urbes de más de 100 mil habitantes, y pocos están interesados en trabajar dentro de las zonas rurales.
Los proyectos de infraestructura carretera y de tratamiento de agua, en primera instancia, son los que despiertan mayor interés entre los inversionistas; habría que esperar un tiempo para identificar los más interesantes ya que la ley se aprobó en diciembre del año pasado, agregó Ramírez Soberanis.
A consideración del funcionario, la crisis financiera internacional tendrá poca relevancia en las decisiones de inversión bajo este esquema porque los empresarios tendrán el respaldo de Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos), en caso de tener dificultades para acceder al financiamiento bancario. Un crédito de Banobras puede ser garantía para facilitar la negociación de los interesados en la banca comercial.
“Si la crisis de 2008 no afectó los proyectos de infraestructura, esta vez menos. El actual no es un entorno tan adverso”
Con esta ley, el inversionista es responsable de conseguir el financiamiento para la obra, lo que desahoga gasto al gobierno federal, la consecuencia de este reacomodo es que los gastos asignados a asumir los riesgos económicos, en adelante se podrán reasignar a gasto social o mejorar la calidad de los servicios.