La frase ya forma parte del nuevo lenguaje nacional: en la guerra contra la delincuencia organizada México pone los muertos y el gobierno de Estados Unidos las armas. Y uno puede agregar: ellos se llevan además las enormes ganancias del comercio ilegal.

 

Nunca en la historia reciente una política de gobierno, inútilmente presentada como política autónoma de Estado había mostrado tantos flancos débiles como ésta.

 

Si por un momento fuera posible dejar de lado el análisis de la mortandad nacional por cuya oleada navegamos en un mar sangriento (el caso de Guadalajara es apenas la muestra más reciente), podríamos fijarnos en la sistemática erosión del Poder Ejecutivo desde Washington culminada, hasta ahora, con la demanda contra Felipe Calderón ante el Tribunal Internacional de La Haya cuya intención fue anticipada desde hace días con el informe de Humans Rights Watch.

 

Simplemente como un antecedente recordemos esto.

 

El 8 de noviembre José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, presentó casos documentados en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tabasco, Guerrero y Baja California con los cuales quería probar dos cosas: el fracaso paradójico de un combate a la violencia por el cual la violencia se extiende y se hace incontrolable, y la violación concomitante de los derechos humanos en tan improductivo afán.

 

“Teníamos que poner un caso sobre la mesa”, dijo Vivanco (Apro) tras recordar que hace dos años Calderón descalificó a las organizaciones de derechos humanos que denunciaron abusos cometidos por las fuerzas armadas.

 

“Hasta hace pocos años –rememoró– el presidente Calderón sostenía públicamente que aquí no había ningún caso de violación a derechos humanos (…) En una oportunidad lo dijo en Guadalajara (a un costado del presidente Obama) y nos desafió a todas las organizaciones de derechos humanos a que le exhibiéramos un caso”. Ahora HRW le presentó 233 expedientes.

 

“Vivanco explicó que los casos presentados fueron elegidos cuidadosamente por el equipo de investigación dirigido por Nik Steinberg, quien decidió detallar sólo aquellos en los que la inocencia de las 233 personas afectadas fuera irrebatible”.

 

Después del informe de HRW, apenas dos semanas más tarde, un grupo de activistas, encabezados por Netzaí Sandoval y John Ackerman, entre otros, llevan a Holanda, con el respaldo de 23 mil firmantes, un pliego de condena y denuncia contra el jefe del Estado mexicano por “delitos contra la humanidad”. Hoy no se trata de adivinar el futuro de Felipe Calderón se va a parecer al de Rafael Videla.

 

Por ahora vale más no caer en la trampa cuyo complemento sería la celebración local de tan notorio señalamiento internacional, y por el contrario, ver en este recurso la dimensión de una maniobra del gobierno de Estados Unidos (experto en estas presiones disuasivas para las cuales cuenta con una enorme cantidad de organizaciones aparentemente ciudadanas; fundaciones, academias y grupos de estudios sobre la  defensa humanitaria, y demás, con las cuales se infiltran en todo el mundo e inventan lo mismo armas químicas de destrucción masiva o delitos contra la humanidad)  contra el país.

 

Este es el precio por haberlos acusado, allá en Washington, de no someter a su industria militarista; es el costo de ponerlos contra la pared verbal cuando se les dice, si no pueden dejar el consumo hagan esto y aquello y por la otra parte aceptar con toda sumisión las expediciones militares y diplomáticas como aquella terrible combinación del 2010 cuando la ciudad de México fue convertida en un salón de juntas del Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA y todos los órganos de seguridad del gobierno americano (Homeland incluida).

 

Para quien no lo recuerde aquí está un trozo de la información pública de aquellos días (abril 2011):

 

“La reunión del Grupo de Alto Nivel de seguimiento de la Iniciativa Mérida a realizarse aquí este viernes tendrá como objetivo profundizar la cooperación bilateral anticrimen, señaló hoy el Departamento de Estado.

 

“La cita, que reunirá por Estados Unidos a los secretarios Hillary Clinton, Janet Napolitano, Eric Holder (el procurador ciego ante Rápido y Furioso), Robert Gates (ex director de la CIA y a la sazón secretario de Defensa) y el almirante Mike Mullen (jefe del Estado Mayor Conjunto),  servirá para renovar el “compromiso compartido” de lograr soluciones de largo plazo al reto de las organizaciones criminales. Estados Unidos y México confrontarán estos desafíos a través de una cooperación fortalecida y una responsabilidad compartida”.

 

Desde entonces México admite dos embajadas. Una para los asuntos de trámite habitual y otra (para cuyo desempeño nadie ofrece cartas credenciales ni cumple formalidades diplomáticas) para las labores relacionadas con la “Iniciativa Mérida” desde la cual se opera la labor de los militares incrustados en las fuerzas armadas; el espionaje y la intocable obra de la DEA en el país, cuyos agentes tienen carta blanca para hacer y deshacer a su gusto y necesidad. Nadie los toca.

 

En este sentido vale la pena revisar el caso del Vicentillo en cuyo juicio se ha probado la intromisión del gobierno de los Estados Unidos en la protección de grupos delictivos nacionales, en perjuicio de otros y la forma como eso ha incidido (según se vio en el narcomensaje de Guadalajara) en la guerra de los carteles mexicanos.

 

El complemento de la acusación contra Felipe Calderón por parte de mexicanos supuestamente independientes, llegó de inmediato: el Comité de Gastos Internacionales del Senado de Estados Unidos, censura al Ejército por la “opacidad” en sus informes sobre 41 casos de violaciones a derechos humanos.

 

“El Comité hace notar (Reforma) que sus intentos por obtener información confiable del Ministerio mexicano de la Defensa en torno al estado de las investigaciones o de los procesos contra personal militar por violaciones a los derechos humanos no han sido exitosos”, indica el documento.

 

“El presupuesto 2012 otorga 220 millones de dólares en ayuda anticrimen a México y recomienda que tales fondos sean destinados a fortalecer policías y jueces”.

 

Una permanente labor de zapa.

 

 

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Hundidos en sus pleitos de aldea, los precandidatos no miran el asunto bilateral México Estados Unidos más allá de la nariz del lugar común.

 

En los libros recientes cuya perdurable condición los hace documentos de referencia, poco se habla del tema. Ejemplos:

 

En su célebre obra sobre el 2012, centrada en el papel de La mafia que se adueñó de México, Andrés Manuel López Obrador no se detiene ni por un instante en el papel de la relación con Estados Unidos, como si esa “mafia” no tuviera nexos firmes con el gobierno y las empresas de aquel país.

 

Si no fuera necesario hacerlo no se entendería la rectificación, como parte de su conversión a la civilidad amorosa, el mismísimo peje populista se vio obligado a mostrar un  nuevo rostro en el Centro Woodrow Wilson de Washington hace pocas semanas.

 

En cuanto a qué tipo de relación tendría su gobierno con el de Estados Unidos, de resultar ganador en las elecciones presidenciales del próximo año, López Obrador pronosticó que sería “una política de buena vecindad y mutuo beneficio”, en donde las prioridades cambiarían sustancialmente.

 

Explicó que en lugar de dar énfasis a la cuestión policiaca y militar, el trabajo de ambas naciones consistiría “por el bien de las dos” en aplicar una política de cooperación para el desarrollo que contemplaría mayor ayuda económica de Estados Unidos porque la actual “es raquítica” —apenas 478 millones de dólares —de los cuales 450 millones de destinan a la Iniciativa Mérida.

 

O sea, más de lo mismo.

 

Enrique Peña Nieto, en su reciente México, la gran esperanza, insiste en el concepto de “responsabilidad compartida”, traduciéndolo “en acciones de cooperación más contundentes para debilitar la capacidad financiera, operativa y bélica del crimen organizado transnacional; frenar los flujos recíprocos de contrabando (drogas, armas, dinero) atender adiciones, así como prevenir y disminuir el consumo de drogas…

 

“…Por otra parte el terrorismo internacional no solo representa una amenaza para Estados Unidos sino para toda la región, Por ello México debe realizar mayores esfuerzos de cooperación en la materia”.

 

En el libro de Josefina Vásquez Mota, Nuestra oportunidad. Un México para todos (“Patria para todos” es casualmente el lema del PRD), por otra parte, no hay ninguna tesis. Ni de este tema ni de otro  ninguno. El volumen relata  sus conversaciones con algunos famosos sin discriminación alguna. Lo mismo Condoleezza Rice o Emilio Butragueño. Todo cabe en su jarrito.

 

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos el libro documenta dos conversaciones: la ya dicha con la ex secretaria de Estado y con el ex embajador Jeffrey Davidow.

 

La primera se dedica a demoler a Hugo Chávez y alabar al México de los posters y el segundo, a la obsesión americana por el narcotráfico. Nada más. Y en todo caso, son opiniones de “ex”; no de actores básicos en la política bilateral.

 

La actual circunstancia de gozosa dependencia, a la cual llamamos corresponsabilidad, cooperación, interdependencia o cualquiera de esos eufemismos tras los cuales se esconde la condición neo colonial, es un hecho consumado e inmutable, admitido por todos y para todo.

 

 

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Y mientras tanto, aquí el presidente Calderón  se convierte en promotor del Teletón y del Chobi Landeros (como le dicen sus amigos a don Fernando) y en reconocimiento a su labor generosa y limpia; desinteresada y perdurable, nos exhorta a los mexicanos a romper las metas anteriores (446 millones de pesos) y llama a “todo mundo a aportarle fuerte, desde las alcancías hasta los donativos en bancos”.

 

Ya nadie lo puede negar: el amor sí hace milagros.