El fiscal del Vaticano para los delitos graves de los sacerdotes, Charles Scicluna, reconoció hoy que los abusos sexuales contra menores cometidos por clérigos provocan “daños incalculables” en las víctimas y la Iglesia.

 

El “promotor de justicia” de la Congregación para la Doctrina de la Fe intervino este jueves en una mesa redonda en el congreso “Los niños en el mundo y el abuso de sus derechos”, convocado por el Senado italiano y organizaciones civiles.

 

“La Iglesia Católica sabe bien que cada vez que uno de sus ministros abusa sexualmente de un menor se inflige una trágica herida a la comunidad, considerando el daño repugnante causado al niño”, dijo.

 

Sostuvo que esos ataques provocan “daños incalculables” al normal desarrollo sexual, la autoestima y la dignidad humana del menor en cuestión, además de ser motivo de escándalo para los cristianos y los no cristianos, un obstáculo en el camino de fe de muchos fieles.

 

Advirtió que los actos de pederastia cometidos por presbíteros constituyen siempre un abuso y una traición de la confianza sagrada que el pueblo de Dios deposita en sus pastores.

 

“Dañan la credibilidad de la Iglesia y manchan la belleza de su testimonio, desacreditan al sacerdocio y lanzan la sombra de la delincuencia, del crimen y del mal comportamiento sobre innumerables exponentes del clero y agentes de pastoral inocentes”, insistió.

 

Consideró que cuando la denuncia por casos de abuso involucra a algún ministro religioso, su divulgación puede ser complicada por “consideraciones erradas y fuera de lugar”, basadas en criterios de lealtad o pertenencia a un grupo.

 

Según Scicluna el “poder sagrado” puede generar un miedo errado a revelar los crímenes cometidos por líderes religiosos.

 

Por ello pidió educar a las familias y a las comunidades en una asunción de responsabilidad interna que implique la posibilidad de denunciar los abusos del poder sagrado por lo que realmente son: una traición a la confianza.

 

Ponderó además que el deber y el derecho de denunciar los abusos a las autoridades superiores corresponde a los padres y a los tutores de los niños, pero insistió en la necesidad de que las estructuras de la Iglesia colaboren con la justicia en estos casos.

 

“El abuso sexual de menores no es sólo una falta canónica o la violación de un código de conducta, es también un delito que debe ser perseguido por la ley civil. Aunque las relaciones con la justicia varían de país a país, es importante cooperar con tal autoridad”, afirmó. (Notimex)