Los cinco empresarios tamaulipecos investigados en México y en Estados Unidos por haber servido como prestanombres para lavar dinero del narcotráfico durante los últimos 15 años, experimentaron un crecimiento “inusitado” de su patrimonio y riquezas durante las administraciones de los ex gobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.
Se trata de hombres de negocios que tuvieron como común denominador su cercanía e incluso amistad con los ex mandatarios (también investigados) de la entidad y su círculo cercano, lo que les valió la adquisición de contratos, la adjudicación de propiedades y hasta nombramientos en cargos públicos.
Manuel Cavazos. Foto: Especial
Eugenio Hernández. Foto: Cuartoscuro
Fernando Cano Martínez, Napoleón Rodríguez de la Garza, Alberto Berlanga Bolado, Sayed Mohamed Farough Fatemi Corcuera, alias El Gordo, y Eduardo Rodríguez Berlanga, La Conga, son los cinco empresarios que, hasta el momento, figuran como los principales blancos de la indagatoria que llevan a cabo la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como la PGR.
La mayoría de estos personajes figuraban en la alerta migratoria que en febrero solicitó la Procuraduría General de la República en contra de varios ex gobernadores de Tamaulipas, derivada de una averiguación previa abierta por potenciales nexos de los ex funcionarios públicos con el Cártel del Golfo y los Zetas.
Esta lista, dijeron en la Procuraduría, podría engrosarse con más nombres de otros empresarios ligados a los ex gobernantes.
De los mencionados, Fernando Cano Martínez, quien ya cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos, figura como el principal operador y “prestanombres” de Yarrington. En las demandas civiles en Texas aparece como copropietario de un terreno en San Antonio y un condominio en la Isla del Padre.
Cano es un multimillonario empresario propietario de constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, una empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones, así como más de tres mil 893 hectáreas, entre ranchos, terrenos rústicos y urbanos, ubicados en Tamaulipas y los Estados Unidos.
Abogado de profesión y egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, primo de Marcia Cano, esposa del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, su nacimiento empresarial comenzó durante el sexenio del gobernador Manuel Cavazos Lerma (1992-1998), cuando su compañía Santa María de Aguayo ganó contratos de modernización carretera.
Pero fue con Yarrington (1999-2004) cuando Cano vivió el despegue de su fortuna y patrimonio, como quedó en evidencia en la demanda de divorcio 848/2008 que le interpuso su entonces esposa Sonia de Pau García, y en la que exigió la mitad de todas las propiedades.
Además de sus múltiples negocios en el estado, Cano creó 17 empresas de bienes raíces en los Estados Unidos, con las cuales adquirió al menos 33 lotes, entre ellas el terreno en San Antonio, además del condominio de Isla del Padre y otros en el condado de Camerón, Texas, según lo revelado en la demanda de divorcio.
Por supuesto, las autoridades presumen que en los múltiples negocios y empresas de Cano está involucrado el dinero obtenido de forma ilícita por Yarrington y pagado por la delincuencia organizada.
24 HORAS publicó la semana pasada que la “buena suerte” del empresario continuó con el gobernador Eugenio Hernández Flores (2005-2010), pues sus empresas constructoras Gifer y Villa de Aguayo obtuvieron contratos por 207 millones de pesos en esa entidad.
Trascendió incluso que Cano y el ex mandatario son socios en la empresa Golfo-Laguna.
De la intervención de Cano se desprende directamente la participación de otros dos involucrados, Fatemi Corcuera y Rodríguez Berlanga, quienes según De Pau García trabajaron directamente para su esposo.
DE EMPLEADO A DUEÑO
En el caso de Rodríguez Berlanga, conocido en el estado como La Conga, pasó de ser solo un empleado de Cano, hasta convertirse en dueño de la constructora Janambres S.A. de C.V., beneficiada con obras de contrato estatal durante el sexenio de Yarrington. Su patrimonio incluye tres ranchos en el estado con más de dos mil hectáreas, y uno de los cuales incluye una pista de aterrizaje.
Datos de Compranet indican que la constructora Janambres S.A. de C.V, también fue favorecida en el sexenio de Hernández Flores con más de 600 millones de pesos en contratos.
Fatemi Corcuera es identificado como “amigo” y “socio” de los dos últimos ex gobernadores de Tamaulipas, e incluso más cercano aún a Hernández. No obstante, fue en el sexenio de Yarrington cuando fundó las inmobiliarias Cormon y Santa María Dolores, la cuales recibieron una inyección de recursos por 60 millones de pesos redirigidos por Cano Martínez.
Por otra parte, el empresario Alberto Berlanga Bolado es propietario de la empresa GMC, S.A. de C.V. ,una de las compañías que el expediente B-12-435 de la Fiscalía Sur de Texas identifica como involucradas en la compra del terreno de 18.6 hectáreas de San Antonio, en contubernio con Cano y Yarrington, y con recursos lavados del narcotráfico.
Berlanga fue, durante el sexenio del ex gobernador Hernández Flores, secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del estado. Pese a su cargo en el servicio público, no dejó sus actividades empresariales.
En la década pasada, su compañía obtuvo diversos contratos públicos, entre ellos el de la construcción de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el del libramiento Manuel-González, en el sur del estado, y el del bulevar costero en la Playa de Miramar y la carretera de Aldama-Altamira. Facturó más de 650 millones de pesos.
El caso de Napoleón Rodríguez de la Garza no es menos significativo. El empresario, dueño de Ferretera Industrial Rodríguez, es copropietario del condominio de 450 mil dólares ubicado en Bridgepoint, en la Isla del Padre, adquirido junto con Cano con recursos de procedencia presuntamente ilícita.
El ferretero (ingeniero de profesión) fue cercano a Yarrington desde 1993, cuando el político priista, quien en ese entonces se desempeñaba como presidente municipal de Matamoros, lo nombró jefe de la oficina fiscal del ayuntamiento.
Con Yarrington ya como gobernador, Rodríguez de la Garza ocupó el cargo de director administrativo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del gobierno del estado, y posteriormente continuó con sus negocios, y sirviendo como proveedor de productos, sobre todo para el gobierno municipal de Matamoros.
La línea de investigación compartida por EU y la PGR en torno a estos “hombres de negocios”, apunta a que los créditos solicitados a bancos mexicanos y estadunidenses para la adquisición de las múltiples propiedades que se les adjudican, fueron pagados con recursos provenientes de la delincuencia organizada, configurándose así el lavado de dinero.
La excepción es Napoleón Rodríguez de la Garza, quien fue arraigado a solicitud de la SIEDO. El paradero de los otros empresarios es incierto.
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