En las últimas semanas nos enteramos de diversos casos que nos ponen a pensar si el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal realmente está funcionando. Hemos visto que por “culpa del nuevo sistema” están dejando en libertad a muchos delincuentes y por ello aumentan las cifras o, al menos, eso aseguran diversos gobernadores a los que no les benefician los números.

 
Junto a estas declaraciones se ha dado cuenta de sentencias en las que los jueces aparentemente prejuzgan y otorgan la protección de la justicia con argumentos que sólo nos hacen enojar e indignarnos, como fue el caso de la joven Daphne.

 
También la PGR nos vendió la versión de que por el Nuevo Sistema de Justicia, un juez ordenó que no fueran removidos de un penal de Sinaloa, Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, y otras cuatro personas que terminaron por fugarse el mes pasado.

 
Lo cierto es que policías, ministerios públicos, abogados y jueces consideran que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal se encuentra un verdadero caos, en el cual por cierto nadie quiere entrar a resolverlo.

 
El problema es que la ley es muy clara y alguien no la está cumpliendo, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que, a partir de la entrada en vigor de dicho sistema, deberá existir y elaborarse una evaluación semestral que será entregada al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

 
En diciembre escuché a Álvaro Vizcaíno, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública y encargado de la operación de evaluar la operación y los resultados del nuevo sistema en los ámbitos federal y estatal, decir que el sistema “no está funcionando tal como fue planeado y diseñado; hoy es necesario que los mecanismos alternativos de solución de controversias permitan despresurizar en una mayor medida las instancias de investigación. También es necesario que se judicialicen más asuntos y que más asuntos lleguen a audiencia de juicio oral porque no están llegando los que se habían previsto”.

 
El problema es que Vizcaíno no ha informado si ya cumplió con lo establecido en el artículo décimo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice “Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema. El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia de coordinación nacional creada por mandato del artículo noveno transitorio del Decreto de Reformas y Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 18 de junio de 2008, constituirá un Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema, el cual remitirá un informe semestral al señalado Consejo”.

 
Es decir, no sería conveniente que, ante el caos, crítica duda sobre el funcionamiento del nuevo sistema, saliera una figura a dar un informe de los avances o retrocesos. Porque de lo contrario la sociedad no sabe quién está evaluando los resultados del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

 
Álvaro Vizcaino dijo a finales del año pasado que se tiene “que aceitar la maquinaria del Sistema de Justicia Penal para lograr esta consolidación que estamos pensando”, pero nunca dijo la forma ni el método para hacerlo.

 
En otros procesos

 
Que la PGR no tiene fecha de respuesta al gobierno de Quintana Roo sobre las cuatro denuncias que se interpusieron en contra del ex gobernador Roberto Borge, se sabe que la dependencia ha pedido informes al SAT, a la CNBV y ha incautado 24 inmuebles, pero sobre una consignación del caso no hay nada claro.