Ésta ha sido una semana en la que hemos sido testigos de que diputados, ex gobernadores, ex funcionarios y hasta un fiscal en activo están siendo localizados, y muchos de ellos han sido capturados por diversas irregularidades en sus gestiones.

 

En ninguno de estos casos la Procuraduría General de la República ha intervenido, y quizás lo que escucharemos por parte del procurador Raúl Cervantes es que se trata de investigaciones que no son de su competencia, lo cual es grave sobre todo cuando en varios casos tiene en su poder denuncias, averiguaciones previas o alertas de las autoridades de los Estados Unidos.

 

 

Pero vayamos a los casos específicos. Ayer nos enteramos de la detención de Edgar Veytia Cambero, actual fiscal general del estado de Nayarit. Desde 2013 se rumoraba que el fiscal nayarita tenía nexos con el cártel del Golfo, para mediados de 2016 se hablaba ya de sus nexos y la protección que le otorgaba a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

 

El 12 de marzo pasado, Veytia Cambero asistió a la reunión nacional de procuradores de Justicia e incluso aparece en la foto oficial justo a las espaldas del procurador general de la República, Raúl Cervantes. Para esa fecha funcionarios de la Drug Enforcement Administration (DEA) ya habían alertado al Gobierno de México, y en específico a una de las áreas de la PGR, sobre la existencia de una investigación y solicitud de orden de aprehensión contra el fiscal de Nayarit.

 

De acuerdo con funcionarios de la DEA, fue el 5 de marzo cuando dieron parte de sus investigaciones a las autoridades mexicanas, justo tres días después de que presentaran el caso de Edgar Veytia Cambero a la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York.

 

La información era simple: “existen elementos para suponer que Veytia Cambero está involucrado en la comisión de los delitos de conspiración internacional para la manufactura, importación y distribución de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana”, detalló el gobierno estadounidense en su intercambio de información a la PGR.
Además, las autoridades norteamericanas agregaron que tenía elementos en sus investigaciones para asegurar bienes y dinero al fiscal de Nayarit por 250 millones de dólares.

 

 

De toda esta investigación, las preguntas son: ¿dónde quedó la PGR?, ¿en qué momento se enteró?, ¿por qué nunca investigó al fiscal, a pesar de los diversos señalamientos que había en los últimos cuatro años?, ¿en la última reunión, en verdad Raúl Cervantes no sabía nada?

 

El problema es que si la PGR asegura y afirma en los próximos días que se vio sorprendida con la indagatoria y captura del fiscal, será mucho más grave y significará que no está haciendo labores de investigación e inteligencia, y que por años tuvo a un fiscal que entró y se enteró de temas esenciales en las diversas reuniones de procuradores.

 

Pero éste no es el único caso en el que la PGR no ha actuado; tiene pendiente las pesquisas contra el ex gobernador Javier Duarte, por no decir que además tiene pendiente su captura al igual que la del ex gobernador Tomás Yarrington.

 

Hace meses decíamos que Raúl Cervantes tenía en sus manos la oportunidad histórica de dejar en claro el destino de ocho ex gobernadores, de investigarlos, procesarlos o, en su defecto, exonerarlos.

 

Pareciera que la PGR no quiere hacer nada y pretende no meterse en esos temas. Tuvo en sus manos las denuncias contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y de ese caso nunca ha informado ni siquiera si inició averiguaciones previas; lo mismo ocurre en el de Roberto Borge, ex mandatario de Quintana Roo. Los casos siguen acumulándose…