A partir de hoy, Anthony Wayne deja su despacho de la Embajada de Estados Unidos en México. Se va en medio de la crisis ocasionada por la segunda fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Wayne también deja un gran pendiente: los resultados de la investigación sobre el espionaje realizado por el gobierno de su país al presidente Peña Nieto.

 

Tras dos años, el impacto que tuvieron en México las revelaciones dadas a conocer por el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snowden (que significaron un fuerte golpe a la credibilidad del gobierno estadunidense) quedaron en meras acusaciones.

 

A pesar del conflicto diplomático que en su momento provocó esta información, ninguno de los dos países insistió en conocer por qué Estados Unidos espió a dos presidentes mexicanos: Felipe Calderón, durante su mandato, y a Enrique Peña Nieto como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después como presidente electo.

 

En junio de 2011, Anthony Wayne, diplomático de carrera desde 1975, fue nominado por el presidente estadunidense, Barack Obama, para ser el embajador de su país en México. Esto pasó tras el conflicto diplomático ocasionado por las revelaciones que hizo el portal Wikileaks, que dio a conocer la opinión del entonces embajador Carlos Pascual sobre el presidente Felipe Calderón y su estrategia contra el narcotráfico.

 

Wayne, con experiencia en zonas de conflicto en naciones consideradas como refugios de terroristas -como Afganistán, por ejemplo- llegó a México cuando Calderón pidió la cabeza de su antecesor.

 

En 2013, los cables filtrados por Edward Snowden al diario O Globo, de Brasil, revelaron que Estados Unidos espió a México en temas militares, energéticos y de narcotráfico.

 

Además, “pinchó” o intervino las comunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto cuando aún era candidato y continuó cuando ganó las elecciones de 2012. El espionaje incluso permitió que el gobierno de Estados Unidos conociera los nombres de los integrantes de su futuro gabinete.

 

El gobierno mexicano tardó en reaccionar y su respuesta fue calificada por analistas como “tibia” en comparación, por ejemplo, con la de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien también sufrió la intervención estadounidense de sus comunicaciones pero ella denunció el espionaje ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a diferencia del gobierno mexicano, que sólo emitió una nota diplomática y un exhorto

 

Al final, el presidente Barack Obama ordenó una “investigación rigurosa” sobre el tema, pero a casi dos años de ocurrido el incidente, los resultados de esta pesquisa no se han hecho públicos.

 

Carpetazo al asunto

 

Desde que se dieron a conocer las acciones de la NSA para espiar a México sobre temas considerados de seguridad nacional (narcotráfico, reforma energética y temas militares), así como a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, han visitado el país dos secretarios de Estado estadunidenses: Joe Biden (2013) y John Kerry (2014). En ambas ocasiones el tema se excluyó de la agenda.

 

Al final, los gobiernos de México y Estados Unidos terminaron cerrando la discusión sobre el tema.

 

“El tema del espionaje ya fue tratado por los presidentes durante la cumbre del G-20, donde hubo un ofrecimiento por parte del mandatario estadunidense para iniciar una investigación al respecto”, expresó en septiembre de 2013 el entonces subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Sergio M. Alcocer.

 

Todavía en febrero de este año, el tema volvió a ser abordado por medios de comunicación y la respuesta fue la misma: el tema está cerrado y el caso resuelto.

 

La académica Iliana Rodríguez Santibáñez, directora del departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, explicó que la razón por la cual el gobierno de México no dio una respuesta más contundente fue porque no hubo una crítica directa del embajador al presidente, como sí la hubo en el caso de Carlos Pascual.

 

“Los cables son significativos, pero no lo suficientemente fuertes. No hubo realmente una afectación. Aunque ningún gobierno puede ser vigilado, en términos de Derecho Internacional, (el escándalo) se pudo contener porque no hubo una violación verbal”, explicó.