Wal-Mart de México participó en al menos 150 casos de corrupción para evadir leyes y acelerar permisos en la construcción de tiendas, incluido el pago por un millón y medio de pesos a la extinta Luz y Fuerza del Centro para abastecer de energía eléctrica un centro de distribución ubicado en Chamapa.
Lo anterior de acuerdo con el correo electrónico difundido el jueves pasado por los congresistas estadunidenses Elijah E. Cummings y Henry A. Waxman.
En dicho correo, fechado el 19 de octubre de 2005, el abogado Juan Francisco Torres Landa, contratado por la entonces abogada general de Wal-Mart Internacional, Maritza Munich, para indagar los señalamientos de corrupción en contra de la compañía, ofrece un reporte sobre los sobornos otorgados a funcionarios públicos mexicanos, según datos recogidos en entrevistas realizadas a Sergio Cicero Zapata, ex representante legal de Wal-Mart México, uno de los principales involucrados en el pago de sobornos.
En dicho informe, Torres Landa señala la existencia de 150 casos de corrupción documentados por Cicero Zapata en ocho carpetas, cada una de las cuales incluye copias de los cheques emitidos para realizar pagos irregulares, recibos emitidos por los gobiernos involucrados, honorarios legales y una serie de notas personales redactadas por Cicero, quien buscaba protegerse “en caso de cualquier queja o investigación sobre el destino de los fondos usados en la obtención de permisos para la apertura de tiendas”.
El reporte también señala que Cicero Zapata operaba a través de despachos externos de abogados, uno de ellos dirigido por el abogado Jesús Huitrón, ajenos al departamento legal de Wal-Mart México, con el fin de no involucrar a ningún miembro de su equipo cercano.
Entre los casos de corrupción que se mencionan, se encuentra el pago de un millón y medio de pesos realizado a la extinta paraestatal Luz y Fuerza del Centro, en ese entonces dirigida por Luis de Pablo Serna, para acelerar los trámites el abasto de energía eléctrica para un centro de distribución de Wal-Mart ubicado en Chamapa, Estado de México.
Dicho pago se hizo en dos partes, a través de firmas de abogados externas, siguiendo las instrucciones de Javier del Río, directivo de Wal-Mart México.
“El riesgo que todavía existe es que una auditoría realizada por la compañía eléctrica podría reflejar que fue un manejo irregular, dado que otras peticiones de suministro existían desde antes. Sin embargo, es poco probable que haya un problema, dado el tiempo en que el acuerdo ha estado en vigor”, explica Torres Landa en su informe sobre el caso de Chamapa.
El reporte también explica la manera en que Wal-Mart corrompió al gobierno de la delegación Gustavo A. Madero para modificar la manifestación de impacto urbano y obtener el permiso para expandir el límite permitido de construcción para la operación de un Sam´s Club inaugurado en 2003 sobre un predio anteriormente utilizado por una empresa automotriz.
“Durante dicho proceso, la solución final acordada con los funcionarios del gobierno era sustituir en los registros centrales de la delegación el mapa original de la planta Ford, de modo que la zona de expansión se indicaría como si originalmente hubiera existido así desde el principio”, indica el documento sin especificar el monto utilizado para lograr esto.
El texto también explica a detalle la corrupción en Teotihuacán y el Distrito Federal, donde fueron involucrados el hoy gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Arroyo García, quienes han negado su participación en actos de corrupción vinculados a la cadena de supermercados.
En un correo anterior, fechado el 7 de octubre de 2005, Torres Landa asegura que altos directivos de Wal-Mart México tenían conocimiento sobre “la mecánica de pago y una lista con todos los pagos realizados”.